Secuestros y torturas, la represión oculta del régimen
Opositores gülenistas denuncian que fueron secuestrados y luego torturados en cárceles ocultas después del fallido golpe de Estado de 2016
“Acababa de dejar a mi hija en la escuela. De pronto, una persona se plantó delante de mí en la calle y comenzó a insultarme y a gesticular con las manos. Mientras intentaba comprender lo que pasaba, dos o tres personas aparecieron por detrás de mí, me agarraron y me metieron en un vehículo”, relata Tolga (nombre ficticio), sentado en un café con vistas a una amplia plaza. “Me cubrieron la cabeza con un saco. Me ataron de pies y manos con bridas”, cuenta este opositor turco, que asegura haber sido secuestrado en Ankara en mayo de 2017 por agentes del servicio secreto de aquel país, el MIT (por sus siglas en turco). Cuando una furgoneta negra cruza la plaza, se sobresalta. Explica que, desde su secuestro, tiene miedo de ese tipo de automóviles.
Tolga, del que por razones de seguridad no se pueden ofrecer detalles personales que faciliten su identificación, pertenece al movimiento islamista liderado por el clérigo Fetulá Gülen, a quien el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considera responsable del intento de derrocarle en un fallido golpe de Estado en julio de 2016. Una vez recuperado el pleno control del aparato estatal, Erdogan puso en marcha una brutal campaña de represión contra los gülenistas que se ha saldado, de momento, con la detención de más de 160.000 personas, 50.000 de ellas aún están a la espera de juicio, de acuerdo con cálculos de Naciones Unidas.
Además, se ha destituido a más de 130.000 empleados y empleadas del sector público por presuntos lazos con grupos terroristas, según denunciaba Amnistía Internacional el pasado octubre. Turquía ha solicitado también en repetidas ocasiones a Estados Unidos la extradición de Gülen, que reside en Pensilvania. Washington, por el momento, no lo ha concedido.
Sin contacto con su familia, Tolga fue retenido durante tres meses en una cárcel secreta. Allí, según explica a un grupo de nueve medios europeos en una investigación liderada por la organización alemana Correctiv, le torturaron con el fin de que delatase a sus supuestos compinches del movimiento gülenista. “El primer día recibí electrochoques, golpes y patadas. Me amenazaron con un juguete sexual”, recuerda. “Durante las dos primeras semanas, los interrogatorios tenían lugar una o dos veces al día. Después, cada dos o tres días”.
La celda de aproximadamente 1,5 por 2 metros en la que le retuvieron permanecía iluminada día y noche. Recibía órdenes a través de un altavoz y era permanentemente vigilado mediante una cámara. La alimentación era escasa. “Después de llevar allí 10 días, pude ducharme”, recuerda Tolga, que adelgazó 20 kilos durante su cautiverio. “Entonces vi mi cuerpo por primera vez: estaba negro y azul”. Calcula que al menos había otras cuatro o cinco celdas como la suya en el hangar en el que le retuvieron.
Apenas dos semanas después del intento de golpe de Estado de julio de 2016, el entonces ministro de Economía turco, Nihat Zeybekci, ya amenazó públicamente a los miembros del movimiento gülenista. “Los confinaremos en tales agujeros, les daremos tal castigo en esos agujeros, que jamás volverán a ver el sol de Dios mientras respiren. No volverán a escuchar una voz humana. Nos rogarán que acabemos con ellos”, afirmó, micrófono en mano y en mangas de camisa.
Esas palabras fueron el pistoletazo de salida para una política de detenciones irregulares de opositores en distintos lugares de Turquía que, como en el caso de Tolga, acabaron en cárceles secretas. Varios informes de Human Rights Watch (HRW) confirman la existencia de lugares similares a los que él describe. Tres meses después de que Tolga fuera secuestrado en mayo de 2017, HRW exigió que las autoridades turcas investigaran las “posibles desapariciones forzosas” de al menos cuatro hombres en Ankara. En octubre de ese mismo año, la organización publicó un trabajo en el que proporcionaba detalles sobre once casos de tortura o maltrato de detenidos bajo custodia policial. “La evidencia de secuestros y probables desapariciones forzosas presentadas en este informe es particularmente preocupante, porque las fuerzas de seguridad de Turquía tienen una conocida historia de desapariciones forzosas en los años noventa”, destaca el documento. El texto se refiere, además, a casos de secuestro y arresto en “centros secretos de detención”.
El Ataúd
Alí, que tampoco quiere dar su nombre real, es otra de las víctimas de la política de represión anunciada por Zeybekci. Los detalles que da sobre su secuestro son muy similares a los que describe Tolga: cuatro o cinco personas se le echan encima en una localidad del sur de Turquía, le meten en una furgoneta, le esposan y le cubren la cabeza con un saco. “No soy un experto, pero cuando uno ve cómo esta gente, en cuestión de segundos, lleva a cabo algo como esto, puede decir que son profesionales”, relata al grupo de medios liderado por Correctiv.
Alí describe las terribles condiciones en las que sus secuestradores le mantenían. “Los pies se te hinchan, tu cuerpo entero se hincha… Durante meses estás completamente desnudo. No te alimentas correctamente. Tienes sed y nadie te trae agua”, detalla.
Una de las torturas que describe Alí, que también dice haber sido encerrado en una cárcel secreta, es especialmente cruenta: “Te metían en una especie de armario muy estrecho, esposado y con el saco en la cabeza. No se podía respirar. Perdías el sentido de la orientación, era imposible saber si llevabas allí un minuto o tres horas. Lo llamaban El Ataúd”.
Tanto Tolga como Alí fingieron plegarse a colaborar con sus torturadores y proporcionarles información sobre otros gülenistas, así como prestar declaración como “testigos anónimos” en procesos judiciales, algo permitido por las leyes turcas. Tras ser liberados, ambos huyeron a Europa.
Sin embargo, esta política de
arrestos de seguidores de Gülen cuya legalidad se cuestiona no se limita al territorio turco, sino que se ha trasladado a países de todo el mundo, en un remedo de la política que la CIA emprendió tras los atentados del 11-S. Kosovo, Sudán, Moldavia, Azerbaiyán, Ucrania, Malasia: la lista de lugares donde se han denunciado detenciones y deportaciones irregulares de ciudadanos turcos es larga.
En una entrevista el pasado julio, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, se jactó de que “más de 100 afiliados [a la red gülenista] han sido devueltos a Turquía”.
Uno de los casos más reveladores es la turbia captura de seis maestros de la escuela privada Mehmet-Akif College en Kosovo. Ocurrió el pasado 29 de marzo. Las imágenes de una cámara de seguridad registran cómo un vehículo de la policía detiene el coche de la familia Karabina en Pristina. “Eran alrededor de las ocho de la mañana”, recuerda Yasemin, esposa de Yusuf, en una conversación con Correctiv. “Querían ver los papeles de mi hijo. Mi marido se los dio. Cuando le pidieron el móvil a mi marido, tuvimos claro que no tenían buenas intenciones”. Los policías se llevaron al padre. Ese mismo día, otros cinco profesores fueron secuestrados en Kosovo.
Unos minutos antes de que esto ocurriera, un avión privado, un Bombardier Challenger con matrícula TC-KLE, había aterrizado en el aeropuerto internacional de Pristina, la capital kosovar. Según ha podido comprobar Correctiv, esa aeronave está registrada a nombre de una compañía cuyo domicilio social está ubicado en la misma calle de Ankara en la que se encuentran las viviendas de los trabajadores del servicio secreto turco, y enfrente de su cuartel general. Los documentos a los que ha tenido acceso esta organización periodística sin ánimo de lucro revelan, además, que el destino del aparato era un aeropuerto militar en la capital turca.
Ocho meses después de su secuestro, la maestra Yasemin Karabina no ha tenido aún contacto con su marido, aunque al menos sabe que está en prisión incomunicada en la cárcel de Silivri, en Estambul. Los casos de secuestro en el extranjero han generado polémica en los países donde se han producido. Para no levantar mayor polvareda, los arrestados en esas circunstancias son conducidos a cárceles convencionales de Turquía.
El arresto de los seis maestros ha tenido amplia repercusión en Kosovo. El primer ministro, Ramush Haradinaj, calificó estas detenciones como una vulneración de los derechos humanos y destituyó al ministro del Interior y al jefe del servicio secreto por no informarle de los arrestos.
Ankara niega malos tratos
“Esta es la mayor violación de la soberanía de nuestro país por parte de sus instituciones, de líderes de sus instituciones, que han abusado de todos los mecanismos de seguridad para hacer algo que está prohibido por la ley”, afirma Xhelal Sveçla, responsable de la comisión parlamentaria que indaga el arresto. El Gobierno de Erdogan defiende que estas operaciones son perfectamente legales.
Ni los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores de Turquía, ni el gabinete del presidente, han respondido cuando se les ha preguntado por estas detenciones irregulares o sobre la existencia de cárceles secretas en su territorio. En el pasado, miembros del Ejecutivo han negado cualquier acusación de malos tratos a personas bajo custodia policial. El propio Erdogan dijo poco después del intento de golpe de Estado: “Dicen que torturamos. Tenemos una política de tolerancia cero hacia la tortura”.
“El primer día recibí electrochoques, golpes y patadas”, afirma una víctima