Documentos sin validez legal
La Ley de Transparencia ha convertido a un pequeño grupo de empresas en claves para que los cargos públicos puedan presumir de gestión. Aunque las instituciones disponen de asesoramiento oficial gratuito, Juan Manuel Gómez Roa precisa que no se puede ser transparente “sin tecnología”. La que él oferta.
El empresario apela a las críticas recibidas de los distintos grupos de oposición como garantía de independencia. “Cuando una institución se convierte en muy transparente, la oposición se queda sin trabajo e intenta descalificar a los que hacemos nuestro trabajo”, dice. Y niega falta de objetividad en un proceso en el que una de sus empresas es contratada y otra evalúa el trabajo.
Por su parte, el Consejo de Transparencia niega la validez de los certificados que enarbolan los servidores públicos como muestra de honradez. “No hay un certificado oficial hasta que la Agencia de Evaluación lo cree, y estamos en ello”, sostiene el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós. directa por 21.538 euros a la empresa de Roa. Durante un viaje a EE UU, Baltar llegó a jactarse de que, en todo el mundo, solo su institución y el Estado de Nueva York disponían de un sistema de auditoría de transparencia. Poco después, la empresa de Roa calificó a la orensana como la diputación más transparente de España, pese a que el presidente no había actualizado su declaración de bienes en cuatro años, anotaba 34 viajes del último año y medio de los que solo aparecían los gastos de cinco y la factura de uno. Y pese a que había convocado un concurso para crear 69 empleos que ahora ha acabado tumbando el Tribunal Superior de Galicia por entender que quería convertir en funcionarios a interinos colocados a dedo. Entre ellos, el jefe de Transparencia e Información Ciudadana.
El portavoz del grupo de Democracia Ourensana en la Diputación, Gonzalo Pérez Jácome, pidió en Pleno el pasado abril la reprobación de Baltar por “comprar” su premio a un empresario que había sido investigado “por estar relacionado con paraísos fiscales en Panamá”. Roa le ha puesto una querella al diputado. Asegura que la hará extensiva a todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta acusación ya que, aunque reconoce tener una empresa subvencionada por la Junta de Andalucía en ese país centroamericano, asegura que jamás ha trabajado con offshores ni las ha recomendado.