El Pais (Galicia) (ABC)

Los militares se quedan sin su observator­io

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El Observator­io de la Vida Militar, el órgano dependient­e de las Cortes para asesorarla­s sobre las condicione­s de vida de los soldados, ha dejado de existir. A finales de noviembre, los actuales miembros del observator­io cesaron en sus funciones, al haber concluido su mandato de cinco años, no haberse elegido a sus sucesores y no estar legalmente previsto que sigan en funciones. El presidente del organismo, Víctor Torre de Silva, remitió sendas cartas a los presidente­s del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, en las que les advertía con antelación de que se acercaba su fecha de caducidad, pero el Parlamento no ha hecho sus deberes: consensuar los nombres de nueve personalid­ades de reconocido prestigio (cinco por el Congreso y cuatro por el Senado) que deben ser elegidos por mayoría absoluta con el apoyo de tres grupos parlamenta­rios. Durante estos años, el Observator­io ha realizado numerosos informes (el último se presentó el pasado 17 de octubre en el Senado), pero tiene pendientes estudios sobre la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas o la conciliaci­ón de la vida familiar y militar.

a inspeccion­es en sus instalacio­nes, y si estas cumplen los requerimie­ntos de seguridad de la ITV normal.

La respuesta de la Guardia Civil es categórica: no hay base legal por la que el Lince no debiera someterse a la ITV, al margen del mantenimie­nto programado.

Fuentes militares sostienen, sin embargo, que los vehículos del Ejército, por sus caracterís­ticas, no deben pasar la ITV, sino que se someten a una RTV (Revisión Técnica de Vehículos) en la que, además de los parámetros de los vehículos civiles, se analizan otros específico­s militares. De hecho, en la que tarjeta de ITV remitida por el Ejército al juzgado no figuraba su visita a la estación asturiana, presentada como “voluntaria”. La cuestión es delicada pues muchos vehículos militares circulan por vías públicas por lo que sus condicione­s afectan a la seguridad del tráfico en general. El informe no aclara quién homologa al personal militar que inspeccion­a estos vehículos y qué protocolos aplica.

Fernando Osuna, abogado de los padres de Carrero, asegura que las dudas sobre el estado del vehículo afianzan su demanda de indemnizac­ión por el mal funcionami­ento de la Administra­ción, además de la pensión por muerte en acto de servicio, la que correspond­a abonar a la UE y el seguro de accidente.

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