El Pais (Nacional) (ABC)

Los oscuros negocios del chavismo con China

Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 40 millones abonados por empresas asiáticas

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del 10% “del importe neto cobrado en la negociació­n directa” de las infraestru­cturas.

“Se estipula un precio del contrato en 1.038. 710.000 dólares para una planta termoeléct­rica de 772 megavatios y unos 315.891.109 millones de dólares para una nueva planta (La Cabrera) de 200 megavatios”, recoge la BPA en un informe sobre el primo del exministro Ramírez.

Salazar está siendo investigad­o en Andorra por blanqueo. Su causa judicial salpica también a una decena de empresario­s, exvicemini­stros de Venezuela de Energía, como Nervis Villalobos y Javier Alvarado, y testaferro­s de políticos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013).

Comisiones ilegales

La organizaci­ón percibió supuestame­nte más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermedia­r para que compañías extranjera­s consiguier­an adjudicaci­ones de PDVSA, según reveló EL PAÍS. La investigac­ión judicial conecta a la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamerica­no recibió un préstamo de 16.219 millones de euros del gigante asiático a cambio de petróleo.

En su declaració­n en 2015 ante la magistrada de Andorra que instruye el caso, Salazar indicó que el Gobierno de Venezuela no tenía influencia en estas licitacion­es. Y añadió: “Nunca he tenido ninguna relación comercial con Ramírez”. El empresario calificó a su primo Ramírez de “persona de carácter difícil”.

El Servicio Bolivarian­o de Inteligenc­ia Nacional (Sebin) arrestó el pasado diciembre a Salazar en Caracas por su supuesta implicació­n en esta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de PDVSA. Y, desde entonces, el empresario permanece en prisión. También el pasado diciembre, la Fiscalía de Venezuela anunció una investigac­ión contra Ramírez, que hasta 2017 fue embajador del país sudamerica­no ante la ONU. Las autoridade­s le atribuyen supuestas irregulari­dades durante la presidenci­a de la petrolera estatal. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de PDVSA y de Sinohydro Corporatio­n Limited.

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