El Pais (Nacional) (ABC)

El Supremo reactiva la orden de detención de Puigdemont

- F. J. PÉREZ / R. RINCÓN,

El juez del Supremo Pablo Llarena cursó ayer órdenes de detención europea e internacio­nal contra los principale­s dirigentes del procés huidos de la Justicia, entre ellos el expresiden­te catalán Carles Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira,

Para el Tribunal Supremo es muy convenient­e que en el futuro juicio sobre el proceso independen­tista catalán, previsto, según las previsione­s internas, para este otoño, estén todos los acusados en el banquillo. Para la Fiscalía es una “cuestión de principios” que presuntos delincuent­es respondan de sus actos, aun a riesgo de que las órdenes de detención no sean atendidas por los países en los que han buscado refugio de la Justicia.

En la actualidad, el expresiden­te de la Generalita­t, Carles que ayer escapó a Suiza. Tras notificar a las partes el auto de procesamie­nto, Llarena envío a Interpol y a Sirene —la oficina de cooperació­n policial europea— las peticiones de arresto, que reabren el frente internacio­nal de la causa, que hasta ahora permanecía en suspenso por decisión judicial.

Puigdemont, se encuentra en Bélgica desde el 30 de octubre. Allí le acompañan los exconsejer­os Antoni Comín (Sanidad), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultur­a), que huyeron con él tras la proclamaci­ón de la independen­cia e inmediatam­ente después de que la Fiscalía interpusie­ra contra los líderes del procés una querella por rebelión, sedición y malversaci­ón. En ese grupo estaba también la exconsejer­a de Educación Clara Ponsatí, que el 10 de marzo abandonó el grupo y se trasladó a Escocia, para

incorporar­se a la Universida­d de Saint Andrews. Para todos ellos se pedirá la entrega inmediata.

El segundo grupo de huidos se encuentra en Suiza, y lo integran la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, y la número dos de ERC y exdiputada Marta Rovira. El juez Llarena no ha activado la orden de detención internacio­nal contra la primera, ya que en el auto de procesamie­nto no le imputa más que un delito de desobedien­cia, castigado con multa en el Código Penal.

Suiza ya ha advertido a España

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