Felipe González, contra la judicialización
Felipe González instó ayer a “evitar la permanente judicialización” de la política en un acto de homenaje a Adolfo Suárez en el que pidió recuperar la política sin “togas” para solucionar la crisis en Cataluña. El expresidente del Gobierno valoró
quien tenía que presentarse cada 15 días en un Juzgado, así lo reconocen también en Gobierno. Pero una vez conocida su fuga desde el Gobierno se transmitió que esa decisión perjudicaba a quienes sí fueron ayer a declarar ante el juez Pablo Llarena. como “un acto de profunda insolidaridad” la fuga de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya que su decisión contribuye “a acelerar la penalización de los demás procesados”. González aseguró que si la aplicación del artículo 155 de la Constitución se hubiese realizado hace cinco años, “el coste de lo que está ocurriendo hubiera sido menor incluso para los que se han saltado el Estatut y la Constitución”, valoró.
“Ha hecho un flaco servicio a los que hoy tenían que comparecer ante el juez”, opinó el ministro portavoz del Gobierno, según el cual Rovira “se ha fugado para huir de sus responsabilidades”. No hay ya razón para que el pleno continuara hoy por lo que el Gobierno confió en que se desconvocara.
Pero el silencio se impuso en el Ejecutivo tras conocerse el ingreso en prisión de los dirigentes independentistas. La voz la puso el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, quien remitió una carta al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, para que lo desconvocara. No tiene dudas el Gobierno de que el plazo para convocar nuevas elecciones ha empezado a correr por la votación que se produjo en la noche del jueves.
A la pregunta de si el Gobierno espera que se active la euroorden contra Carles Puigdemont, el portavoz respondió desconocerlo porque es un asunto judicial. Estas se activaron a media tarde. El Gobierno sigue, de momento, sin tener que tomar decisiones en la crisis catalana salvo mantener el artículo 155.
juez del Tribunal Supremo: “Una decisión que lamentaremos todos por años. Hay una España que no es así, que sabe que la convivencia se basa en el acuerdo y no en la venganza”, afirmó el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político.
El PNV calificó como “nefasta la actual judicialización de la política” y considera que es el “mayor indicador del fracaso del diálogo político”. “Demandamos que las instituciones catalanas dejen de estar tuteladas por la judicatura española”, exigió en un comunicado tras su asamblea nacional en Bilbao.
Horas antes de conocerse la decisión de Llarena, Junts per Catalunya, ERC, la CUP y los comunes aprobaron una declaración parlamentaria de apoyo a los “representantes electos del pueblo” catalán “citados a declarar y procesados por su actividad política e institucional”. Además, criticaron lo que entienden como “represión” contra las instituciones catalanas y en apoyo a los encausados por el procés. “Defendemos la dignidad y la soberanía de nuestra institución y denunciamos la intolerable situación de judicialización de la política”, añadía el escrito.