Juicio por rebelión y cárcel por atacar al Estado de derecho
El auto de procesamiento compara la actuación del independentismo con el 23-F El juez ordena prisión preventiva y activa la orden europea de detención La decisión del Supremo pone fin al ‘procés’ y abre un nuevo periodo en Cataluña
Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, envió ayer a prisión a cinco de los principales líderes del proceso independentista que se suman a los que ya están encarcelados desde noviembre. El candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, y otros cuatro de los exconsejeros del fugado Carles Puigdemont pasaron ya la noche en la cárcel. Toda la generación de líderes que desde 2012 se han dedicado a impulsar la proclamación de la independencia violando las leyes y la Constitución queda apartada de las instituciones de autogobierno de Cataluña. El secesionismo tendrá que replantear toda su estrategia y poner orden en sus respectivos partidos, que están en situación de emergencia.
El juez les procesó por rebelión —uno de los delitos más graves del Código Penal— porque considera que en el intento de secesión se dieron elementos de violencia. Llarena compara, de forma implícita pero inequívoca, lo ocurrido el otoño pasado en Cataluña con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y entiende que el desafío solo está “puntualmente larvado” y que podría repetirse.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena envió ayer a prisión a cinco de los principales líderes del proceso independentista catalán que se suman a los que ya están encarcelados desde noviembre. El candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, y otros cuatro de los exconsejeros del fugado Carles Puigdemont pasaron ya la noche en prisión. La consecuencia práctica de esta decisión judicial es que se aparta de las instituciones de autogobierno catalán a toda una generación de dirigentes nacionalistas que desde 2012 han impulsado la proclamación de la independencia. Si el año pasado ya fue inhabilitado el expresidente Artur Mas, ahora son sus herederos los que se han visto apeados de la vida política. El independentismo tendrá que buscar nuevos líderes. El vendaval que ha azotado la vida política catalana los últimos cinco años adquirió ayer dimensiones de huracán con la entrada en prisión de Jordi Turull, que hoy debía someterse a una nueva sesión de investidura como presidente de la Generalitat. Esta investidura estaba condenada al fracaso de antemano por la falta de apoyos, pero Turull y los suyos querían utilizarla para continuar el proceso independentista, aunque abandonando la vía unilateral.
El independentismo tendrá que replantear ahora toda su estrategia y poner orden dentro de sus respectivos cuarteles generales. Los dos principales partidos secesionistas se encuentran en situación de emergencia absoluta.
El PDeCAT, la formación heredera de Convergència Democràtica, ha perdido buena parte de su influencia en la vida política catalana tras quedar diluida en la candidatura Junts per Catalunya, con la que el expresidente Carles Puigdemont acudió a las elecciones del pasado diciembre. El partido tiene ahora a Puigdemont fugado en Bruselas y sin posibilidad de ser investido presidente. Pero el procés también le ha dejado sin el que era su líder principal, Artur Mas, que quedó inhabilitado hace un año por el impulso del seudoreferéndum del 9 de noviembre de 2014.
Buena parte de los dirigentes de la formación que estaban llamados a liderar la vida política catalana de los próximos años también están inhabilitados o en prisión. Es el caso del citado Jordi Turull y del exconsejero Josep Rull. Ambos fueron pesos pesados de la antigua Convergència y firmes defensores de que el partido abandonara la senda del nacionalismo moderado para abrazar un independentismo sin ambages. Turull y Rull fueron ayer enviados a prisión procesados por rebelión y malversación.
Procesados
En Esquerra Republicana, el partido que hace un año todos los analistas y encuestas situaban en posición de liderar la vida política catalana, la situación no es menos dramática. Su líder Oriol Junqueras está en prisión desde noviembre y, desde ayer, procesado también por rebelión y malversación. La número dos de la formación, Marta Rovira, que tenía el encargo de tapar el vacío dejado por Puigdemont, optó ayer por fugarse a Suiza para eludir, precisamente, tener que comparecer ante el juez Llarena. En su caso se la ha procesado por un delito de rebelión y tiene activada una orden de detención internacional.
Los anticapitalistas de la CUP, que han sido claves para la radicalización del proceso independentista, son los únicos que han salido indemnes, o casi, de la situación. Pese a haber perdido peso parlamentario en las últimas elecciones, la vida política catalana sigue condicionada por sus cuatro diputados, imprescindibles para mantener la mayoría independentista en el Parlament. Solo tienen un dirigente procesado. Se trata de Anna Gabriel, acusada de desobediencia y huida a Suiza desde el mes pasado.
Los partidos tendrán que reconstruirse, prácticamente desde cero. El PDeCAT, pese a encontrarse en horas muy bajas, recibió ayer una buena noticia. Su coordinadora, Marta Pascal, ha quedado fuera de la causa que instruye Pablo Llarena. Pascal, que se ha desmarcado recientemente de la vía unilateral y dice abogar por el diálogo podrá, pues, seguir en la vida política. El hándicap que tiene es que Puigdemont y los partidarios de mantener el enfrentamiento, siguen ejerciendo influencia desde Bruselas. Lo que pretende ahora Pascal es recuperar un discurso independentista dentro de la legalidad y utilizar las elecciones municipales y europeas del año que viene para reflotar la marca del PDeCAT. Habrá que ver si las debilitadas estructuras del partido resistirán este cambio.
En Esquerra Republicana la incertidumbre es total. El liderazgo de Marta Rovira no ha logrado hasta ahora seducir a las bases como se vio en las últimas elecciones. Otros dirigentes que podrían haber cogido las riendas del partido han dejado la política para resguardarse de la justicia. Es el caso del exconsejero Carles Mundó, a quien Llarena atribuye los delitos de malversación y desobediencia. Entre los dirigentes republicanos que no tienen acusaciones judiciales a sus espaldas hay dos que destacan: el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el secretario del departamento de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès. El primero está consolidando su liderazgo ante las bases gracias a su visibilidad en el Parlament. El segundo aspira a hacerse con el departamento de Economía de la Generalitat. Hoy por hoy, sin embargo, nada hace presagiar un gobierno a corto plazo.