El Pais (Pais Vasco) (ABC)

Marta Rovira se convierte en la séptima fugada del ‘procés’

La secretaria general de ERC, pieza clave en la movilizaci­ón de alcaldes, huye a Suiza

- MIQUEL NOGUER, Barcelona Resto de imputados

Rovira, el jueves en la fallida sesión de investidur­a de Jordi Turull en el Parlament. Suma y sigue. La secretaria general de Esquerra Republican­a, Marta Rovira, pasó a engrosar ayer la lista de dirigentes del proceso independen­tista que han huido de España para eludir la acción de la justicia. Y ya son siete. Rovira no se presentó a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y emitió un comunicado en el que afirmaba que se marchaba al “camino del exilio”. Al igual que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, Rovira se ha instalado en Suiza. De esta forma, espera esquivar el procesamie­nto por un delito de rebelión.

La noticia de la fuga de Rovira se conoció a la misma hora en que la secretaria general de Esquerra estaba citada para comparecer ante el juez, quien debía informarle sobre su procesamie­nto. Las caras de sorpresa e incredulid­ad fueron la norma entre los dirigentes y diputados de ERC que se habían concentrad­o frente al Tribunal Supremo para acompañar a Rovira y a los otros cinco dirigentes independen­tistas que ayer tenían que comparecer.

Una carta firmada por ella y publicada en la web de Esquerra Republican­a da cuenta de la huida. La dirigente afirmó en la misiva que emprende “un camino duro que, desgraciad­amente, tantos otros” que la preceden “han tenido que coger”. “El camino del exilio”, apostilló la líder independen­tista, antes de añadir: “Siento tristeza, pero mucho más triste ha sido vivir silenciada”. El único de los líderes independen­tistas fugados de la justicia que evitará la orden de detención internacio­nal será la exportavoz de la CUP Anna Gabriel. Esta decidió escapar a Suiza, el 20 de febrero, cuando tenía que declarar ante el juez Llarena. La exdirigent­e antisistem­a se instaló en Ginebra. El magistrado no cursará la orden de arresto ante las autoridade­s helvéticas porque solamente le atribuye un delito de desobedien­cia por presentar, pese a la prohibició­n del Constituci­onal, la proposició­n de ley de transitori­edad jurídica, la norma de ruptura de Cataluña con España. Este delito se castiga solo con multa, por lo que no cabe el ingreso en prisión. Si vuelve a España, no obstante, será detenida para comparecer ante el juez. Fuentes de su entorno aseguraron horas después que se encuentra en Suiza, desde donde pretende seguir ejerciendo como secretaria general del partido que preside Oriol Junqueras, en prisión desde noviembre.

Rovira, a la que la Guardia Civil situaba en sus informes en el “comité estratégic­o” del intento de secesión, es la única de las personas investigad­as en libertad bajo fianza que no tenía el pasaporte retirado. Sobre ella pesaba una fianza de 60.000 euros y la obligación comparecen­cias cada 15 días. El auto de procesamie­nto del juez por rebelión destaca la “participac­ión esencial” de Rovira “en la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamenta­rio de una legislació­n de soporte y coordinaci­ón de sectores de la Administra­ción”. Llarena de que no tiene intención de entregar a los consejeros fugados allí. Pese a que las leyes helvéticas castigan con prisión las sediciones y los intentos de secesión violentos, obligan a denegar la extradició­n de supuestos delincuent­es si el procedimie­nto de entrega se activa por “un acto que, según las concepcion­es suizas, reviste un carácter político prepondera­nte”. Sobre el carácter político de la infracción decide el Tribunal Penal Federal, la máxima instancia judicial de la Confederac­ión. Pese a esta negativa de partida, el magistrado Llarena ha decidido cursar la orden de detención en Suiza contra Marta Rovira, que ayer faltó a su citación para que se le notificara el auto de procesamie­nto. Con ello evitó la entrada en prisión que afectó a sus compañeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

El 5 de diciembre, Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejer­os imputados por el proceso independen­tista que se encontraba­n con él en Bruselas, pero mantuvo la advertenci­a de arrestarlo­s si entraban en España. El magistrado consideró que se debían retirar las órdenes europeas que emitió la Audiencia Nacional porque podrían condiciona­r la evolución de la investigac­ión y porque solo podrían ser juzgados por los delitos reconocido­s por el código penal belga, circunstan­cia injusta en relación con el resto de imputados en España, que no contarían con esa limitación. El Supremo investiga a los cinco diputados huidos en Bélgica por formar parte de la dirección del proceso secesionis­ta en Cataluña que terminó con la declaració­n unilateral de independen­cia el pasado 27 de octubre.

El artículo 40.1 de la ley 23/2014 de reconocimi­ento mutuo de resolucion­es penales en la Unión Europea contempla que “cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamen­te a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega”. también apunta a Rovira por su “responsabi­lidad ante el referéndum para lograr plena disponibil­idad de centros de votación”. En este sentido, Rovira habría sido una pieza clave para alinear a los alcaldes de muchos municipios catalanes para que pusieran locales a disposició­n del referéndum ilegal.

Con su huida, ya son siete los fugados del procés. Los exiliados en Bruselas son el expresiden­te de la Generalita­t, Carles Puigdemont; el exconsejer­o de Salud, Toni Comín; el extitular de Cultura, Lluis Puig y la antigua exresponsa­ble de Agricultur­a, Meritxell Serret. Una quinta exconsejer­a, Clara Ponsatí, se trasladó de Bélgica a Escocia. El pasado mes de febrero Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, optó por Suiza para eludir la acción de la justicia.

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/ ALBERT GARCIA

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