Los protocolos, en vías de actualización
La Conferencia Episcopal Española (CEE) creó hace casi dos meses una comisión antipederastia para actualizar los protocolos contra abusos a menores en la Iglesia. Las diócesis se manejan de manera autónoma en relación con estos casos y tienen distintos protocolos de actuación.
La CEE redactó un protocolo en 2010 que no obliga a los obispos a comunicar los casos de abusos que conozcan a la fiscalía. Solo sugiere que hay que invitar a los familiares de las víctimas a que acudan a los tribunales. En 2017, el obispado de Astorga incluyó en su protocolo el cumplimiento de la ley del menor de 2015 que obligaba a poner estos casos en manos de la fiscalía. La comisión de la CEE comunicará en las próximas semanas el contenido del nuevo protocolo. considerar que el proceso de investigación de la Iglesia no le satisfacía. Durante el juicio, el obispo de Granada negó varias veces al juez información de la investigación eclesiástica que podía ser útil para el proceso.
“El Gobierno socialista tiene el síndrome del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando está en la oposición es muy crítico con la influencia de la Iglesia y la vigencia de los acuerdos y cuando está en el poder no hace nada”, declaró ayer Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida que firmó en octubre la pregunta en nombre de Unidos Podemos en el Congreso. “Son acuerdos firmados en 1976. Se pueden adecuar a los tiempos democráticos actuales. No tiene sentido que unas personas tengan más privilegios ante la ley que otras”, aseveró García Sempere.
Informe sobre el pasado
En su respuesta, el Gobierno se niega a realizar o proponer a la Conferencia Episcopal Española que elabore un informe sobre los casos silenciados durante décadas, a semejanza de lo que se ha hecho en otros países como Irlanda o Australia. “Si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal, no un informe”, contesta el Ejecutivo.
García Sempere considera que la excusa del Gobierno no tiene sentido. “Hemos visto cómo, desde el Gobierno, se han realizado otros informes sobre delitos que también son denunciables, como la violencia de género. Con los abusos sexuales a menores sucede lo mismo. Sería correcto para saber lo que pasó”, afirmó la diputada de Izquierda Unida, que insistió en que la respuesta del actual Gobierno “ha preocupado” mucho a los miembros de su grupo, que ven que no se están dando pasos ante este problema.
Unidos Podemos afirma que está esperando escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la comparecencia en el Congreso que el grupo parlamentario solicitó en octubre para que dé una explicación sobre si el Ejecutivo va a buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica y acabar “con la impunidad de los cargos religiosos en los casos de abusos sexuales a menores”.