El BCE ve margen para investigar la retirada de fondos del Popular
Cree que España debe aclarar si se usó información privilegiada Rechaza la autocrítica, aunque admite que conocía la situación de la entidad
La presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Daniele Nouy, ve «margen» para que la justicia española investigue la retirada masiva de depósitos del Banco Popular por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos en los días previos a su liquidación en la madrugada del pasado 7 de junio. «No está en mis prerrogativas pero hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos, para ver si ha habido tráfico de información y ver si algunas instancias han intentado protegerse mejor que los pequeños depositantes», explicó ayer durante una audiencia pública ante la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo en la que defendió la actuación del BCE que no cometió, a su juicio, ningún error.
Prácticamente todas las preguntas que recibió Nouy durante la hora y media larga de debate se centraron en la liquidación del Popular, bajo las nuevas reglas creadas por la unión bancaria para evitar que sean los contribuyentes quienes paguen los platos rotos. «Si algunos depositantes más fuertes pudieron hacer reintegros antes que los demás… Yo no soy policía y no puedo decir nada al respecto. Es una cuestión para que la investiguen la autoridad del mercado o la justicia española» y «son ellos los que deberían tomar medidas en caso de tener que tomar alguna», se limitó a señalar tras ser interrogada sobre esta cuestión por los eurodiputados Ramón Tremosa (PdCAT) y Miguel Urbán (Podemos).
/Nouy defendió la actuación del MUS que dirige y explicó que los problemas que obligaron al BCE a declarar al banco en quiebra o riesgo de quiebra no eran únicamente de liquidez sino más bien estructurales. «La liquidez es el último paso de la enfermedad. Esto no fue solo una cuestión de liquidez», insistió ante los eurodiputados y recordó que «a veces corremos el riesgo de que el banco pueda desaparecer porque el consejo de administración no toma las decisiones cuando tiene que tomarlas».
Pese a esta contundente advertencia, Nouy eludió entrar a valorar si existían problemas de solvencia u ocultación de balances, tal y como le requirió el eurodiputado socialista Jonás Fernández que se quedó también sin respuesta sobre la petición de transparencia en torno al informe de Deloitte que desencadenó la resolución y que cifraba entre 2.000 y 8.000 millones el agujero del Popular. «Hay muchas preguntas que violarían la confidencialidad. No puedo responder sobre la liquidez», se justificó la francesa.
Al igual que / el BCE o la Comisión Europea, la responsable del mecanismo calificó de «éxito» esta primera liquidación bancaria porque no se ha utilizado dinero público y la entidad, comprada por un euro por el Santander, pudo abrir sus puertas con normalidad al día siguiente. No obstante, auguró «muchos litigios» por las pérdidas ocasionadas a los accionistas y quienes tenían deuda subordinada, un instrumento sobre el que se debe estar al tanto.
Nouy explicó que en Fráncfort conocían desde hacía tiemmen.