Castigo al uso de drogas en violaciones
El PSOE pide agravar las penas y concienciar a las víctimas para que denuncien, aunque no recuerden Los delitos que anulan la voluntad de la agredida con estupefacientes son cada vez más frecuentes
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Miles de personas exigen al Gobierno dinero contra la violencia machista
Una de las formas más seguras para violar a una mujer y quedar impune es recurriendo al uso de estupefacientes (como la conocida como burundanga) que anulan la voluntad de la víctima, de forma que la dejen consciente pero incapaz de decir no. Un método que también se usa en robos, que se conoce como sumisión química y que en el caso de las agresiones sexuales va en aumento, aunque es difícil obte- ner datos reales porque muchas de las afectadas no denuncian, al no recordar exactamente lo que sucedió, a lo que se suma el sentimiento de culpa y las lesiones psíquicas que dejan tras de sí todas las violaciones.
Ante este fenómeno, el Congreso debatirá hoy una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a «combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar los ataques a la libertad sexual, adoptando medidas para concienciar al público, a los profesionales de la salud y a los organismos» acerca de los nuevos modus
operandi de los violadores. En concreto, la propuesta, que se debatirá en la Comisión de Igualdad, pide realizar un estudio sobre el impacto de delitos sexuales facilitados por la administración de sustancias psicoactivas y la elaboración de indicadores estadísticos que permitan medir el auténtico alcance de esta forma de criminalidad. Además, para incentivar que las víctimas busquen asistencia a la mayor brevedad, propone que se creen campañas específicas.
Y es que, como explica la portavoz socialista en Igualdad, Ánge-
Álvarez, las sustancias aplicadas desaparecen del cuerpo de la afectada antes de 48 horas y como normalmente esta tarda varias horas en recuperar del todo la conciencia, si acude a denunciar demasiado tarde, puede que ya no haya pruebas de que ha sido drogada o del delito del que ha sido objeto.
EL INCREMENTO DE LAS PENAS La proposición no de ley reclama también que se «valore la conveniencia de incrementar las penas previstas» para los violadores en el límite inferior, manteniéndose el máximo previsto. Y es que el Código Penal, en el apartado de abusos sexuales que se aplicó los acusados de La manada, ya contempla como agravante el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima, con penas de cuatro a 10 años (en lugar de uno a tres años).
Este apartado será posiblemente objeto de enmienda, dado que Podemos no está a favor del incremento del castigo y propone que se reforme el Código Penal de forma que siempre que no haya un consentimiento explícito de la mujer, se considere violación, por lo que en su opinión ya no sería necesario el agravante. El PSOE está dispuesto también a aceptar que sea la comisión, a la que Justicia ha encargado estudiar los delitos sexuales, la que proponga una modificación.
Podemos no quiere que se culpabilice a la víctima por el consumo de alcohol o drogas, por ello, en dos enmiendas, reclaman que se mejore la asistencia y que se impulsen medidas para evitar la victimización secundaria. Los socialistas están dispuestos a estudiarlas, para que la proposición no de ley, que contará también con los votos de Ciudadanos, sea aprobada.
Además, la Comisión de Igualdad debatirá una iniciativa de Podemos que demanda que la ley integral contra la violencia machista se amplíe al resto de delitos contra las mujeres contemplados en el Convenio de Estambul, ratificado por España, justo al día siguiente de que miles de mujeres en 40 ciudades salieran a la calle para denunciar el «incumplimiento» del pacto de Estado contra esta lacra.
Tras las numerosas protestas en contra de la sentencia por el abuso sexual en los Sanfermines, el colectivo feminisles ta, arropado por cientos de manifestantes, denunció ayer que en los Presupuestos Generales del Estado «faltan 120 millones» para la lucha contra el machismo.
El Gobierno mantiene que esta cantidad debe ser invertida por las comunidades y los ayuntamientos pero las asociaciones de mujeres, junto con el PSOE y Podemos, sostienen que lo acordado es que fueran invertidos por el Ejecutivo. El Ejecutivo aprobará en breve una reforma de la ley integral para adaptarla al pacto, pero que no contemplará medidas de justicia, seguridad y reparación para las víctimas de violaciones o de la trata.
Podemos pidió una ampliación de la norma durante las negociaciones, pero finalmente se acordó que se mencionarán las otras formas de violencia, se introducirán medidas de prevención y seguimiento, pero aquellas herramientas destinadas a la protección y la ayuda a las víctimas se contemplarán en leyes específicas que llegarán en el 2019.
El ‘modus operandi’
de los agresores pasa hoy por el uso de sustancias como la burundanga