La DGA recurre que el salto de Lafortunada revierta a la CHE
CONTRA LA DECISIÓN DEL MINISTERIO El Gobierno cree que los beneficios deben destinarse a los municipios
El Gobierno de Aragón ha decidido emprender acciones judiciales contra la decisión del Estado de revertir a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y no a los municipios afectados el aprovechamiento del salto eléctrico de Lafortunada-Cinqueta, una vez caducado el derecho concesional de 75 años, que se produjo en noviembre del 2015.
Así, el Gobierno ratifica la presentación de un recurso contencioso administrativo en defensa de los intereses de la comunidad contra la resolución del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 18 de diciembre por la que se declara la extinción de la concesión, que estaba en manos de Endesa, y su reversión al Estado a través de la CHE.
Se trata de un aprovechamiento de 12.000 litros por segundo de las aguas del Cinqueta en los términos municipales de Saravi-
COMUNIDAD
llo, Salinas de Sin y Lafortunada, en el Pirineo de Huesca.
La DGA sostiene que en este proceso de reversión era preceptivo un convenio, del que «ha hecho caso omiso la Administración del Estado», para que los beneficios que se obtengan de la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de los municipios afectados, para acometer actuaciones de mejora de infraestructuras de comunicación, recuperación del patrimonio natural y cultural y apoyo económico a las iniciativas privadas.
VILLAFRANCA
Tres son los argumentos que esgrime el Gobierno en su recurso. El primero, que transcurrieron 18 meses desde el inicio del segundo procedimiento de extinción del derecho concesional, en febrero del 2016, hasta la resolución ministerial. El segundo es que legalmente el Estado no está habilitado para la ocupación de los montes de utilidad pública municipales donde se ubican las infraestructuras para el aprovechamiento hidroeléctrico, Y el tercero es la afección jurídica y económica causada a la comunidad, que gestiona los ingresos que generan los montes de utilidad pública.
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