Los dueños de Cacaolat cierran un acuerdo con 56 extrabajadores
Los exempleados son indemnizados por el cierre de la planta de Utebo en el 2012 El pacto evita que Sol Dauradella y Demetrio Carceller se sienten en el banquillo
Los empresarios Sol Daurella, presidenta de Cobega (distribuidora de CocaCola en España), Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm y otros cuatro directivos han alcanzado un acuerdo con 56 extrabajadores de Cacaolat-Sali en Utebo, que en el 2012 –tras el cierre de la factoría– presentaron una querella contra ellos por considerar que habían delinquido en la operación de compra de este centro productivo y su posterior cierre.
Este pacto evitará la celebración del juicio oral decretado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en su auto del pasado 9 de abril, que era firme y contra el que no cabía recurso. El acuerdo se precipitó, precisamente, a raíz de este auto, que hubiera llevado a los dueños de Cacaolat ( Cobega, Damm y el fondo inversor Victory Corporate Turnaround) a sentarse en el banquillo de los acusados por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa judicial y administración desleal.
Para evitar ese trance, los dueños de la compañía de batidos han ofrecido importantes indemnizaciones que han permitido resarcir el daño y perjuicio causado a estos exempleados por el cierre de la planta zaragozana.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el acuerdo, cuyo contenido es absolutamente confidencial, se ha cerrado a lo largo de las últimas semanas, fruto de una negociación que se ha realizado en tiempo récord. De esta forma, tras el pacto alcanzado, los extrabajadores han procedido a retirar la demanda y la acusación contra los empresarios.
Además de Sol Daurella y Demetrio Carceller, los querellados son Víctor Rufat García, director general de Coca-Cola Iberian Partners; Francesc LLuch Castellvi, director general del Cacaolat; Luis Victory de Sintas, administrador único de Victory Corporate Turnaround; y Jorge Villavecchia Barnach Galbo, apoderado mancomunado de Damm.
En el auto / del pasado 6 de abril, la Audiencia Provincial considera «de manera indiciaria» que la oferta de compra de la terna empresarial «aparentó que se reflotaría» la planta de Utebo aunque «la intención era cerrarla» y concentrar la producción en Barcelona. A su juicio, por esta razón no se hicieron la mayor parte de las inversiones por cuatro millones de euros que los nuevos dueños se comprometieron a realizar ante el juzgado de lo Mercantil que les adjudicó el negocio en el proceso de venta abierto tras la quiebra, en el año 2011, del anterior propietario, Nueva Rumasa, perteneciente a la familia Ruiz-Mateos. Esto pudo dar lugar a una «fraudulenta extinción» de los trabajadores, apunta la Audiencia Provincial. En ese momento, la planta era «estable y ajustada al mercado», según destacaron en su día los empleados que interpusieron la demanda.
☰