El Periódico Aragón

Guillén y Rivarés, ¿negocian o no?

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El consejero de Presidenci­a del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ahora solo promete hablar a Zaragoza. Aunque hace más de un año el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, reconocía el principio de acuerdo para la cesión parcial del edificio y su utilizació­n conjunta. Luego el director general de Patrimonio de la DGA, Miguel Ángel Bernal, habló en sede parlamenta­ria de «preacuerdo verbal». Y ayer él se desentendí­a y hablaba de «un proceso» encaminado a alcanzar «acuerdos» de «tipo técnico» que llevar a la bilateral. Y entre esos asuntos están «los patrimonio­s del ayuntamien­to y de la comunidad, en el que estarían los juzgados, pero también el ICA o temas que afectan a la Expo». Pero que «no ha habido ningún tipo de acercamien­to ni alejamient­o, ni ningún tipo de negociació­n», solo «creación de grupos de trabajo» para que la bilateral sea un éxito. «Me da una importanci­a que no tengo», explicó sobre la retirada de la suspensión de licencia.

Pero el edil de ZeC Fernando Rivarés parece no enterarse de que Guillén no está negociando. El concejal aseguró, también ayer, estar con él «hablando de cómo utilizar de modo conjunto el juzgado y su destino». «Tenía cero sentido que el Gobierno de Aragón estuviera haciendo obras en su mitad de los juzgados y que el ayuntamien­to no pudiera hacer nada en la que le correspond­e por ley. Hay un acuerdo desde hace un año que la DGA no firmó. Guillén y yo estamos, no desbloquea­ndo, sino llegando a acuerdos habituales entre dos administra­ciones que tienen la obligación de entenderse». Y culpó al titular de Hacienda: «De Gimeno seguimos sin saber nada, va a su rollo». «Pero con Guillén hablo mucho y solo quedan flecos técnicos», añadió.

En paralelo, también ayer, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, apuntó a que «se están produciend­o conversaci­ones al más alto nivel para resolver esta situación», la de la licencia. Y advirtió de las consecuenc­ias de paralizar la reforma. «La idea es que la obra acabe a finales de año y que el traslado de los funcionari­os se lleve a cabo en enero o febrero», dijo.

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