‘Gürtel’ da alas a Sánchez para una censura a Rajoy
El PSOE analiza la propuesta tras la condena de Bárcenas, Correa y el PP por corrupción La sentencia juzga probada la caja b y no se cree el testimonio del líder popular
La Audiencia Nacional dictó ayer la peor sentencia que podía esperar el PP por el caso Gürtel. El fallo por las prácticas corruptas cometidas entre 1999 y el 2005, en Madrid, Castilla-León y Estepona (Málaga), condena a su extesorero Luis Bárcenas a más de 33 años de cárcel y a Francisco Correa a casi 52, pero también deja negro sobre blanco que el grupo empresarial de este último y el Partido Popular tejieron «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» a través de la «manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
Si Mariano Rajoy pensaba que había salvado la legislatura con el acuerdo con el PNV por los Presupuestos, el ensombrece ahora su futuro. El PP, que solo pudo ser juzgado y ha sido condenado como partícipe de la trama a título lucrativo, seguramente no esperaba la contundencia que muestra la resolución al describir «la estructura de colaboración estable» que mantuvo con Correa hasta el 2004, cuando el grupo se trasladó a Valencia. Y tampoco que a raíz de esto el PSOE estudie presentar una moción de censura para derribar a Rajoy, con el apoyo seguro de Podemos y la duda de qué hará Ciudadanos.
La sentencia no ayuda a los populares. Explica que «en paralelo» a la actividad propia de un partido se creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de la estrecha y continua» relación de Correa «con influyentes militantes» del PP, que podían «influir en procedimientos de contratación».
Las empresas de Correa y las que le pagaban la comisión, con el apoyo de los cargos públicos condenados, «gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública» e «inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios».
Las comisiones pagadas por terceras empresas «se repartían entre Correa y las autoridades o cargos públicos corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas o celebraciones, de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares», como ocurrió con la exministra Ana Mato.
Parte de esas comisiones fueron a parar como donaciones finalistas a la caja b del partido, que, según el fallo, funcionó al menos desde 1989.
La trama cometió todos los delitos vinculados a la corrupción: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales o intento de estafa procesal.
Según el tribunal, los condenados prevaricaron «de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación», a través del fraccionamiento de pagos o la elaboración pactada de los pliegos de condiciones de los concursos. Todo para «detraer de los caudales públicos que tenían bajo su custodia los acusados, y de la que debían ser garantes, cantidades que sustraían para beneficio propio».
Solo Correa cobró 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas del 2000 al 2008 e ingresó 2.850.000 más en comisiones que cobró por intermediar en favor de otras. El tribunal considera a Bárcenas una «pieza fundamental», ya que desde dentro del partido podía acercarse a quien convenía para conseguir la adjudicación correspondiente. No era el único. Otros condenados también orientaban «los contratos a las conveniencias de las empresas» elegidas.
El PP y Correa «Crearon un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública»
Luis Bárcenas «Era pieza fundamental, porque, con su presencia en el partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía y así conseguir la adjudicación correspondiente»
La caja b «Se nutría, en buena medida, a base de ingresos o aportaciones que incumplían la normativa sobre financiación de partidos políticos»
La exministra Ana
Mato también tendrá que pagar 27.857 euros por beneficiarse de la trama
«participe lucrativo» a Unió Democràtica de Catalunya, formación dirigida por Josep Antoni Duran Lleida, en el fraude de subvenciones cometido por el empresario Fidel Pallerols, al constatar que hubo «aportaciones directas al partido».
El PP tendrá que pagar 133.628,48 euros de modo directo y solidario con Guillermo Ortega, José Luis Peñas Domingo, Juan José Moreno Alonso, María Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa y Pablo Crespo a los que tendrá que sumar otros 111.864,32 euros por los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones de mayo del 2003 de modo solidario con Jesús Sepúlveda (condenado a 14 años y 4 meses de cárcel). La sentencia considera también que Ana Mato es responsable a título lucrativo por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares por parte de las empresas de Correa, condenado a 51 años y 11 meses de prisión. La exministra de Sanidad, exesposa de Sepúlveda (exsenador y exalcalde de Pozuelo de Alarcón), tendrá que pagar 27.857 euros.
En idéntica situación que Mato se encuentra también Gemma Matamoros.Exmujer de Ortega, exalcalcalde de Majadahonda, deberá abonar 45.066,66 euros sustraidos por la trama de los que su familia se benefició.