Operación por desvío de ayudas a entidades afines a Convergencia
La Policía Nacional practica 29 arrestos y registra despachos, empresas y domicilios Oenegés y entidades sociales no recibieron ayudas por valor de dos millones
Unos 500 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional activaron ayer una macrooperación con 14 registros y 29 detenciones en un caso de presunta corrupción en la Diputación de Barcelona. La operación Estela investiga el reparto supuestamente irregular de más de dos millones de euros por parte de la Diputación –cuando Salvador Esteve era su presidente– a empresas, fundaciones y patronales que debían ser destinados a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo. Las pesquisas se iniciaron a raíz de un aviso anónimo. De los arrestados solo cinco pasaron a disposición judicial. Los otros quedaron en libertad.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ordenó la detención del alcalde de Tordera y diputado delegado de Hacienda de la Diputación, Joan Carles García, así como de Esteve, el presidente del organismo supramunicipal en el momento de los hechos. También acordó la detención de Jordi Castells Masanés, a quien los investigadores consideran el máximo responsable del supuesto desvío irregular. Caste- lls era entonces director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Actualmente es subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat. También fueron arrestados el exdirigente de CDC Víctor Terradellas y el socio del diputado de JxCat Francesc de Dalmases.
La policía practicó 29 detenciones (aunque la mayoría de los arrestados quedaron en libertad) por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. El juez también ordenó registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona. También en entidades sin ánimo de lucro y en empresas, así como en viviendas particulares residentes en varias poblaciones catalanas. En concreto, los agentes entraron en la Oficina de Cooperación al Desarrollo, en la Fundació CATmón y la asociación Igman –supuesta perceptora del desvío de fondos públicos–, en la patronal Pimec, en el despacho de Castells en la Consejería de Gobernación y en la sede central de la Diputación de Barcelona, para registar el despacho de Joan Carles García. Se incautaron de ordenadores y documentos.
Una de las / entidades en el punto de mira es la Fundació CATmón, que tiene como objetivo el reconocimiento internacional de la «nación catalana». La preside Víctor Terradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC, y uno de sus patrones es el diputado de Junts per Catalunya Francesc Dalmases. Esta organización recibió subvenciones, al igual que la Asociación Igman, también fundada por Terradelles y Dalmases, y con la que comparte sede. En el mismo local está Omniun-Ciutat Vella. Solo estas dos entidades -CATmón y Igman- recibieron, entre el 2011 y el 2015, más de 10 millones de euros de diferentes organismos públicos catalanes.
El máximo responsable del reparto supuestamente irregular de esos fondos es Castells, que fue aupado al cargo en la diputación tras la victoria electoral de CiU en el 2012 por el entonces coordinador, Josep Maria Matas.
Esta etapa convergente comportó cambios en la política de cooperación y desarrollo, dando entrada a entidades con un cariz diferente. Algunas oenegés y entidades sociales arraigadas en Cataluña fueron desapareciendo del listado, en detrimento de organizaciones estrictamente patronales, como la PIMEC (156.000 euros) y el lobi energético Fundación Empresa y Clima.
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