La batalla de Irlanda
Progresistas y católicos votan sobre la enmienda que iguala los derechos de embarazada y nonato Cada día 10 mujeres irlandesas se desplazan al Reino Unido para poder interrumpir el embarazo
Los irlandeses deciden hoy si la enmienda en vigor que prohíbe la práctica del aborto sigue formando parte de su Constitución o si, por el contrario, se deroga. Después de la legalización de los contraceptivos en 1993, de la ratificación del divorcio en 1995 y de la aprobación del matrimonio homosexual el 2015, la interrupción voluntaria del embarazo se presenta como la nueva batalla entre progresistas y católicos.
El electorado deberá decir entre un sí y un no a la derogación del artículo 40.3.3 de la Constitución introducido en 1983 mediante referéndum, que iguala el derecho a la vida de la embarazada con el del nonato. La protección que recibe el feto se traduce en una prohibición para la madre, que puede ser penada con hasta 14 años de cárcel por «destrucción de una vida humana nonacida» al incumplir la conocida como Octava enmienda.
La normativa no permite la interrupción del embarazo en circunstancias de violación, incesto o anomalías no compatibles con la vida del feto fuera del útero. De acuerdo con una ley aprobada el 2013, el único caso en el que teóricamente es legal la interrupción intencionada es cuando «existe un riesgo inminente y sustancial para la vida de la madre, incluyendo el suicidio». La reforma despenalizaría el aborto en todos los casos en las 12 primeras semanas, y los casos extremos durante las primeras 24.
Pero incluso en estas / circunstancias, en la práctica, es tan difícil lograr la aprobación de los médicos que la mayoría de mujeres que precisan abortar optan por desplazarse al Reino Unido. Según datos del movimiento en contra de la Octava enmienda, Abortion Rights Campaign, cada día 10 mujeres irlandesas emprenden este viaje para abortar.
Según la socióloga Mary Corcoran, el principal factor que explica esta legislación del aborto es «el predominio de una ética católica en el país». La también profesora de la Universidad Nacional de Irlanda argumenta que «el proceso de secularización en este país ha sido mucho más lento que en otras naciones europeas». La socióloga considera que «será difícil introducir el aborto en Irlanda», en parte por la influencia de los valores familiares, que contribuyen a «unos índices de divorcio muy bajos y a elevadas tasas de matrimonio». A pesar de que la entrada de la República de Irlanda en la UE en 1973 obligó al país a aceptar la legislación común en materia de igualdad, «el legado de la Iglesia católica aún está presente y es muy patriarcal», apunta Corcoran.
La falta de recursos económicos (se ha calculado un coste de unos 1.000 euros, teniendo en cuenta el desplazamiento, el tratamiento y el alojamiento) y el miedo a verse inmersas en un complejo entramado social y jurídico hace que muchas mujeres decidan interrumpir el embarazo por su cuenta. El uso de la píldora abortiva también es ilegal en Irlanda, pero va en aumento. Uno de los muchos proveedores on line de estos fármacos ha revelado que mientras en el 2016 se enviaron 302 comandas de anticonceptivos, un año después esa cifra ascendió a 878.
Alison Begas, directora de la clínica Well Woman Centre y experta en salud reproductiva femenina, lamenta que no se les permite informar sobre este tipo de sistema abortivo, que considera «muy seguro» si se toma bajo supervisión médica. La única información que pueden dar sobre el aborto se reduce a un folleto con una lista de clínicas donde llevarlo a cabo en el Reino Unido y algo de información sobre el procedimiento y las curas posteriores.
También hay voces que defienden la Constitución tal como está. Eilaine Noonan, portavoz de Pro Life, querría que se mantuviera esta parte de la Carta Magna, «ya que es la única que protege el derecho a la vida del nonato». Incluso en casos tan complicados como la violación, la representante de esta oenegé considera que «el aborto no es una cura, ya que no quita el trauma ni la angustia» y que «incluso lo puede empeorar». Por este motivo, se oponen a cualquier ampliación en la ley del aborto.
Tras el riesgo al suicidio y la violación, la hipótesis que genera más debate es la del feto con un diagnóstico incompatible con la vida. En esta situación tampoco es legal abortar en Irlanda, a pesar de que se demuestre que el bebé no podría vivir fuera del útero y moriría al nacer.