Gana la banca EL DEBATE FRACTURA AL TRIBUNAL: 15 VOTOS CONTRA 13
El Supremo recula y vuelve a cargar al cliente el impuesto de las hipotecas El dictamen levanta una ola de estupor e indignación social, política y judicial
Cuando se opta por una mala solución para resolver un problema, lo más fácil es que no acabes con él. El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha cerrado el capítulo abierto en relación con los actos jurídicos documentados de las hipotecas con la solución que hace más complicado acabar con la polémica suscitada en torno a la actuación del alto tribunal. En 15 días, sin un cambio legal que lo justifique, se ha rectificado a sí mismo y ha vuelto al criterio que había mantenido los últimos 20 años, que estos tributos deben pagarlos los clientes. Y ni siquiera ha sido capaz de hacerlo con una mayoría suficiente capaz de aportar solo con ella algo de tranquilidad, porque la decisión se ha adoptado por una mayoría tan exigua como la que representan 15 votos frente a 13.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso, convocados de forma inédita por «la enorme repercusión económica y social» que, según su presidente, Luis María Díez-Picazo, había producido la decisión de su Sección Segunda de anular un artículo del reglamento que asignaba sin género de dudas el pago del tributo al cliente y, a partir de ello, determinaba que quien debía abonarlo es el banco, por ser el más beneficiado por la constitución del préstamo.
Con la decisión del pleno, en el que han participado 28 magistrados de los 31 que componen la Sala (uno ha faltado por un viaje al extranjero, otro porque preside la Junta Electoral Central y un tercero, que se abstuvo, porque sus hijos tienen viviendas protegidas en Rivas Vaciamadrid), se da la paradoja de que la EMV de esa localidad madrileña está exenta de pagar los actos jurídicos documentados en tres sentencias, hechas públicas el pasado 18 de octubre, y tendrá que abonarlos en otras tres. Porque aquellas primeras sentencias son firmes a todos los efectos, como explicó el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, cuando pidió perdón por la «deficiente» gestión.
DEMANDAS FRENADAS EN SECO / Pese al daño que para la seguridad jurídica produce un cambio de criterio semejante, lo que sí ha conseguido el pleno de la Sala Tercera es cercenar la avalancha de demandas que se preveía tras las sentencias de su Sección Segunda, la especializada en tributario, que casi inmediatamente provocaron el desplome de la banca en bolsa. Unas demandas que habrían llegado por dos vías: a través de lo Contencioso, si Hacienda no atendía la reclamación por la devolución del impuesto que planteaba el cliente por las hipotecas abiertas en los últimos cuatro años; y por lo Civil, al considerar abusiva la cláusula que establecía que debía abonarlo quien contrataba el crédito.
Pero lo que no han cortado, ni mucho menos, son las críticas. Jueces y Juezas para la Democracia, que ha pedido por Twitter la «inmediata dimisión» de Díez-Picazo y de Lesmes, por el modo en que se ha gestionado el asunto de las hipotecas, ha apelado al Parlamento para que actúe «en defensa de los consumidores».
Podemos, que hasta se querelló contra el presidente de la Sala Tercera, aunque sin éxito, ha convocado una manifestación el sábado ante el Tribunal Supremo para dejar patente la indignación que ha provocado su decisión. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha tachado la decisión
La medida del pleno frena la avalancha de demandas que se preveía tras las sentencias de su Sección
de «indignante» y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de «bochornosa».
A lo largo de las deliberaciones, que concluyeron ayer con la intervención de los magistrados más antiguos de la Sala de lo Contencioso, entre los que está su expresidente, José Manuel Sieira, y que cerró su sucesor, se hizo patente la divergencia de criterio entre ellos. Díez-Picazo, que en un principio apoyó mantener el criterio de que pague el banco, pero a partir de ahora, como había propuesto la magistrada Pilar Teso, desempató al votar finalmente por que lo abone el cliente, informaron fuentes jurídicas. Los argumentos se darán a conocer en los próximos días en la sentencia y en los votos particulares discrepantes.
Entre los partidarios de confirmar el cambio jurisprudencial estuvieron los dos ponentes de las resoluciones que saldrán de este pleno: los magistrados Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchis. Ambos forman parte de la Sección Segunda, que ha quedado totalmente desautorizada tras la reunión, ya que cinco de sus seis magistrados apoyaron el cambio jurisprudencial ahora anulado. Solo Dimitry Berberoff emitió un voto discrepante, coincidente con la posición adoptada por el pleno.
La decisión de Díez-Picazo de elevar un asunto ya resuelto a pleno hizo que la sesión matutina del lunes se dedicara en exclusiva a decidir si procedía o no a revisar una decisión ya adoptada por la Sección que le correspondía. Finalmente entre los jueces primó la necesidad de hacer el menor daño posible al alto tribunal y se entendió más conveniente mantener la reunión por 20 votos a ocho.
En lo que no ha sido necesario entrar es en determinar el alcance que habrían tenido las sentencias de la Sección Segunda, aunque a lo largo de la reunión algunos magistrados, como el propio Díez-Picazo, lo plantearon.
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En 15 días el Alto Tribunal se ha rectificado a sí mismo y volvió al criterio mantenido los últimos 20 años