Los consumidores califican el cambio de «bochornoso»
Achacan la decisión del Alto Tribunal a los vínculos de los jueces con la banca La DGA se ahorrará la devolución de 90 millones a unos 3.000 aragoneses
Una ola de indignación e incredulidad recorrió ayer las organizaciones de consumidores de todo el país. En Aragón, las asociaciones no se explicaban la decisión del Tribunal Supremo y criticaban a los magistrados por «ceder» a las presiones del sector financiero. Aunque mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que dé, otra vez, un espaldarazo a España en materia hipotecaria, los consumidores lamentaron que el «aberrante y bochornoso» paso atrás del Alto Tribunal va a hacer que millones de ciudadanos pierdan su fe en la Justicia. Algunas organizaciones incluso no descartaban convocar protestas.
«Si quedaba algún vestigio de confianza en la Justicia se ha desvanecido», denunció el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, que lamentó que la decisión del Supremo, «que ha vuelto a plegarse a los intereses de la banca», dibuja «el peor de los escenarios posibles» para los ciudadanos. Con todo, Oliván confió en que el asunto «acabará en los tribunales europeos»: «Tarde o temprano, un caso llegará a Europa y quizá vuelva a sacarle los colores a la justicia española».
Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, calificó la decisión de «extraña y anómala» y subrayó que su organización recurrirá el contenido de la sentencia en la UE. Además, apuntó que es momento de que el Parlamen- to tome las riendas de la soberanía del pueblo y legisle en este sentido. «Puede y debe echar marcha atrás la decisión», dijo. «Los clientes de los bancos somos más que sus accionistas», apuntó Oliván.
La organización Facua definía el cambio de decisión del alto tribunal como de «aberración» y de «giro jurisprudencial», mientras que la OCU se decantaba por tachar la situación de «inaudita» y «bochornosa». De hecho, los consumidores consideran que la posición tomada por el Tribunal Supremo supone perjudicar directamente los intereses de más de 12 millones de familias en España y «crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad».
Enrique García, de la OCU, reclamó la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de la Sala Tercera, Luis Miguel Diaz Picazo, por un «espectáculo lamentable» que al «desdecir una sentencia firme» causa una indudable inseguridad jurídica.
«El peor escenario posible para los hipotecados se ha confirmado», dijo Ramiro Salamanca, di- rector legal de reclamador.es, que añadió que «los consumidores pueden seguir reclamando en los juzgados civiles la abusividad de la cláusula de gastos de hipoteca, incluyendo el AJD, apoyando su reclamación en las sentencias europeas, ya que «una cláusula abusiva que se declara nula no puede beneficiar a las entidades».
La decisión / del Supremo beneficia de forma indirecta a las comunidades, que eran las que tendrían que haber devuelto el impuesto a los ciudadanos que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años. De hecho, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ya había estimado que la devolución de esos 3.000 expedientes supondrían un agujero a las arcas autonómicas de 90 millones de euros. Ayer, la DGA no quiso hacer ninguna valoración, aunque antes de conocerse la decisión el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, reconoció que el Supremo había puesto en juego su «credibilidad».
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