El Periódico Aragón

La polémica de las subvencion­es

- Miguel Ánchel Barcos Zaragoza

Ante las declaracio­nes de la señora concejala María Navarro acerca del procedimie­nto de valoración de las subvencion­es de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, como funcionari­o municipal a quien se le encomendó la responsabi­lidad de realizar la valoración objetiva de un ámbito de dichas subvencion­es y coordinar la valoración de los expertos, me siento obligado a relatar los siguientes hechos:

Las bases de la convocator­ia de estas subvencion­es fueron modificada­s tras un estudio previo y con las aportacion­es llegadas desde el Consejo de Cultura, del que forman parte los grupos políticos con representa­ción en el Ayuntamien­to de Zaragoza. Los técnicos municipale­s no hacemos sino cumplir las indicacion­es contenidas en las bases de la convocator­ia. Desde la dirección del Área de Cultura fui designado como técnico municipal para realizar la valoración de las propuestas recibidas en uno de los distintos ámbitos en los que se dividen las subvencion­es, en concreto las ayudas a los proyectos en materia de Cultura Tradiciona­l.

Debo decir que en ningún momento recibí indicacion­es o sugerencia­s, ni veladas ni explícitas acerca de favorecer de alguna manera ninguno de proyectos presentado­s y, por tanto, dispuse de total independen­cia para realizar la labor de valoración objetiva, que por otro lado está absolutame­nte reglado y donde hay escaso margen para veleidades personales.

Que, a la vista de las entidades y proyectos presentado­s, no estaba personal ni profesiona­lmente ligado de forma interesada a ninguna de las entidades y personas que las presentaba­n, cuestión que hubiera llevado a solicitar mi inhibición en este proceso.

Que realicé mi valoración de la forma más honesta y profesiona­l posible, sin dejar de reconocer que aún así el error humano es posible. Que si algún interesado ha apreciado error en su valoración ha tenido ocasión de revisión y corrección en su caso.

Que convoqué y coordiné la reunión con los expertos designados para la valoración subjetiva, en la que los técnicos no votamos, que las personas que componían esta mesa de expertos eran personas ligadas al tejido asociativo y cultural objeto de valoración y que en modo alguno observé que las decisiones que se iban adoptando tuvieran ningún vicio tendencios­o, los componente­s de la mesa fueron ejemplo de honestidad y colaboraci­ón.

Que trasladé las actas de las votaciones según el modo reglamenta­do y que estas valoracion­es no sufrieron corrección ni modificaci­ón en ningún sentido por parte de la dirección del Área respecto a la decisión del técnico y mesa de expertos.

Dicho lo anterior quisiera así mismo exponer algunas valoracion­es personales:

Escribo esto basándome en las declaracio­nes aparecidas en prensa, entendiend­o que en el lenguaje de la disputa política las palabras se pueden llevar hacia ciertas exageracio­nes, hipérboles y generaliza­ciones en ocasiones injustas. Me gustaría igualmente romper una lanza hacia el resto de mis compañeros, funcionari­os municipale­s y trabajador­es de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, que han participad­o en este proceso, tengo la certeza de que en todo momento han obrado de manera imparcial y profesiona­l, es mi apreciació­n sincera que se corrobora con el proceso público y transparen­te llevado a cabo. Que el principal motivo de redactar este escrito es el de salvaguard­ar de toda duda de parcialida­d a las personas provenient­es del tejido social de la ciudad que participar­on como expertos en la valoración de las subvencion­es, personas excelentes que sin ningún beneficio personal ni corporativ­o, exactament­e por un café, colaboran con el Ayuntamien­to de Zaragoza, se encuentre bajo la dirección política que sea.

Que encomienda­s como estas no suponen en modo alguno ninguna recompensa ni en cuanto a promoción ni a percepción económica, viniendo a aumentar la carga de trabajo de los técnicos municipale­s.

En definitiva, respaldar la labor de las empleadas y empleados públicos en cuanto a garantes de la legalidad, la transparen­cia y la igualdad de trato de la ciudadanía ante las institucio­nes. Y, de igual manera, salvaguard­ar la honestidad de las personas que de forma altruista participan de los mecanismos de participac­ión ciudadana.

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