El Periódico Aragón

“Nos pueden sancionar por cualquier cosa”

- DIÁLOGO ABIERTO

Rebeca (nombre ficticio) es una de las trabajador­as de Vall Companys en Ejea. Su salario es de 900 o 1.000 euros netos al mes. Es autónoma, no tiene derecho a desempleo ni a vacaciones y está harta tras cinco años y medio en el matadero. «Sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos y nos pueden sancionar por cualquier cosa», lamenta mientras recuerda que muchos de Ejea han dejado el trabajo porque han acabado «aborrecido­s» tras hacerle la empresa «la vida imposible». Ahora –añade Rebeca– la mayoría de los trabajador­es sin inmigrante­s (africanos, rumanos y búlgaros principalm­ente).

Esta trabajador­a reconoce que hay «miedo», pero confía en que las cosas cambien con la huelga de ayer. Trabaja para una cooperativ­a vinculada a Vall Companys. «Somos cooperativ­istas, pero no tenemos ninguna capacidad de decidir», recalca Rebeca, que lamenta que algunas situacione­s que ha vivivido en estos años. «Si nos cortamos nos dicen que digamos que ha sido en casa porque no tenemos mutua y así nos atienden». «El caso –subraya– es que aunque tengamos un accidente laboral no cobramos porque vamos como particular­es». Ayer, Rebeca, y otros compañeros perdieron entre 80 y 100 euros. bajan para ella y que proceden de Servicarne, «una falsa cooperativ­a de trabajo asociado».

Sin embargo, / la compañía recordó que hay una mesa de negociació­n abierta sobre falsos autónomos impulsada por el Ministerio, con presencia de los empresario­s y los sindicatos. «Ante la evidencia de los avances, los trabajador­es de UGT no han secundado la huelga», apuntaron fuentes de la compañía. Durante la jornada de ayer, el sindicato CCOO denunció «amenazas de la empresa» y lamentó las «piedras en el camino que puso UGT», que no ha apoyado la convocator­ia de huelga.

La Inspección de Trabajo ha levantado actas contra cinco empresas del sector en Aragón. Les exige el pago de casi 3,5 millones por las cuotas a la Seguridad Social de los últimos cuatro años correspond­ientes a 270 falsos autónomos que prestaban servicio a través de Servicarne.

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