Por un juicio justo para Berta Cáceres
Hace dos años asesinaron a Berta Cáceres. Viajé entonces a Honduras con la misión internacional Justicia para Berta. Acababan de matar a mi amiga, con la que compartía el honor de haber recibido el Premio Goldman en EEUU, y de herir a mi querido amigo Gustavo Castro. Él daba un curso de energías renovables y, al no tener wifi en su pensión, Berta le ofreció alojarse en su casa. Cuando aún estaba despierto, trabajando con el ordenador, oyó un fuerte golpe; habían derribado la puerta y al momento se vio encañonado por un pistolero. Oyó a Berta enfrentarse a sus asesinos y, cuando sonaron los disparos, el que le apuntaba apretó el gatillo. Gustavo se tiró a un lado, tapándose instintivamente la cara con un brazo. La bala le atravesó una mano y la oreja. Quedó quieto en el suelo, con la cara ensangrentada, y lo dieron por muerto.
En aquellos días, la policía descartaba las evidencias que apuntaban a Desa, la empresa hidroeléctrica a la que se enfrentaban Berta y las comunidades lenca organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y afirmaba que se trataba de un «crimen pasional», que luego pasaría a ser una «disputa de poder en el seno del Copinh».
Honduras sufrió en el 2009 un golpe de Estado militar, con el apoyo explícito de EEUU y de los actuales gobernantes. En el 2017, no obstante, hubo elecciones, de las que acabó proclamándose ganador el actual presidente, a pesar de las denuncias de fraude que motivaron grandes manifestaciones, reprimidas con un balance de más de 20 muertos.
En cualquier caso, desde entonces, la movilización social y la presión internacional han conseguido cambios significativos en la investigación que, de momento, han llevado a la detención de ocho presuntos implicados directos en el asesinato –entre los que figuran un oficial del Ejército y el director y el jefe de seguridad de la empresa Desa–, cuyo juicio acaba de empezar. Desgraciadamente, las múltiples irregularidades procesales hacen temer que, aunque se acabe condenando a los asesinos directos, pueda sustanciarse un recurso posterior de casación que anule las penas, o incluso que pueda contaminarse el futuro juicio a los autores intelectuales que ordenaron el atentado. En Honduras, es de público conocimiento que el director de Desa, a lo sumo, sería un autor intelectual secundario. Queda por ver si los verdaderos promotores del asesinato son finalmente llevados ante los tribunales, como promete el fiscal general.
Mientras, muchos se mantienen firmes en la reivindicación de sus tierras y de sus derechos, asumiendo los riesgos de ser defensoras –como se dice allí, en femenino– de los derechos humanos y del medio ambiente. Miles siguen andando hacia el norte, reivindicando ese derecho a emigrar que tantos españoles ejercieron en su día, desde la protesta colectiva de quienes, marchando, manifiestan su voluntad de volver a una Honduras que garantice derechos humanos y trabajo digno.