Que vehículos contaminantes puedan circular durante los episodios de polución
La normativa actual permite
Euro 5, son poco contaminantes», ha explicado Blázquez, que considera que «el uso obligatorio de las etiquetas es una legitimación del fraude del dieselgate».
Su propuesta es excluir de la etiqueta amarilla a todos los vehículos vendidos antes del 2015, que se quedrían por tanto sin ella y serían includos en las restricciones dictadas por los ayuntamientos. Los matriculados a partir de esa fecha deberían pasar de la verde a la amarilla.
Ecologistas tiene previsto soli- citar una reunión con el director general de Tráfico, Pere Navarro, pero este no ve factible dar vía libre a la iniciativa, al menos por el momento. «Nosotros nos tenemos que regir por la calificación oficial que existe. Si esta cambia, cambiarán las etiquetas, pero no antes», respondió ayer Navarro a preguntas de este diario.
Otra opción sería la que se plantean los técnicos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Los planes actuales prevén vetar la entrada a sus municipios a todos los vehículos sin etiqueta (los diésel anteriores al 2006 y los gasolina de antes del 2001) a partir del 2025. La propuesta sería vetar también a partir de esa fecha a los vehículos diésel con el distintivo amarillo, algunos de los cuales podrían tener entonces menos de diez años.
El problema de esta medida es que pagarían justos por pecadores, porque hay un porcentaje (aunque sea pequeño) de estos diésel con etiqueta amarilla que producen bajas emisiones. Incluso más bajas que los que circulan con etiqueta verde.
/ Puede que la solución a estos dilemas venga de la mano de una innovadora tecnología que ya se está ensayando en Madrid. Se trata de unos radares anticontaminación que detectan las emisiones e identifican al vehículo como lo hacen los cinemómetros de control de velocidad de la DGT. Desde el pasado mayo se están probando en la capital de España dos prototipos dentro del denominado proyecto Life Gystra de la Comisión Europea, en el que colaboran la DGT y otras entidades públicas y privadas.
Los radares funcionarán en pruebas durante dos años y tienen previsto radiografiar los humos de los tubos de escape de centenares de miles de turismos.