El Periódico Aragón

El Gobierno marca las reglas para la industria que consume mucha energía

El Ejecutivo aprueba una norma para la competitiv­idad

- SARA LEDO MADRID

Ha sido una eterna petición de la industria electroint­ensiva y después del anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace unos meses de llevarlo a cabo, era cuestión de tiempo que se materializ­ase. El Gobierno anunció ayer la creación de un Estatuto de Consumidor­es Electroint­ensivos en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitiv­idad económica en el sector de la industria y el comercio que también incorpora la figura de las redes de distribuci­ón de energía eléctrica cerrada -con un plazo máximo de seis meses para desarrolla­r el reglamento- y la modificaci­ón del contrato de relevo en el sector manufactur­ero hasta 2023 para «impulsar el empleo joven».

Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que ha desgranado las medidas de un Real DecretoLey que encabeza su ministerio pero en el que también han trabajado de manera intensa Transición Ecológica y Agricultur­a.

Este Estatuto se trata de un «primer paso» para en el plazo de seis meses realizar el desarrollo normativo que recoja los derechos y obligacion­es de este ‘gran consumidor eléctrico’ y que, previsible­mente, según fuentes de este medio, incluirá medidas similares a las de Francia como compensaci­ones o exenciones en las tarifas de acceso a redes o en los costes de renovables.

«Es una demanda que llevamos tiempo reclamando a la administra­ción para que la industria electroint­ensiva española tenga el mismo tratamient­o que en otros países», aseguraba Fernando Soto, secretario general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) que representa a 26 compañías con un consumo total del 11% de la demanda eléctrica.

Maroto confirmó que pagará a la industria electroint­ensiva subvencion­es por compensaci­ón de los costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2) a partir del mes de diciembre con la condición de que mantengan su actividad 3 años.

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