La advertencia de Bruselas se ignora en los Presupuestos Generales
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2019 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes ignora el dictamen de la Comisión Europea del 21 de noviembre. La CE detectó en el plan presupuestario que el Gobierno había remitido en octubre «un riesgo de incumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», al considerar que los ingresos tributarios estaban inflados en 2.400 millones de euros (dos décimas de PIB), y los gastos, infravalorados en 1.200 millones (una décima). Por ello exigió al Ejecutivo de Sánchez una rectificación de las cifras. Sin embargo, el texto adoptado el viernes no modifica ni una coma respecto a las alertas de Bruselas.
La CE cuestionaba sobre todo la mayor previsión de ingresos ligada a los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales,
España se expone a una multa si hay una desviación excesiva de los objetivos
a las medidas de lucha contra el fraude fiscal y a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). A esa crítica se une que los proyectos de ley para crear los nuevos impuestos aún no han sido remitidos al Congreso, donde la debilidad parlamentaria del Gobierno augura una incierta tramitación. Sin embargo, lo aprobado el viernes por el Consejo de Ministros mantiene que las 13 nuevas medidas tributarias previstas aportarán 5.654 millones adicionales este año.
En su informe, la CE concluía de que el déficit español en el 2019 no se iba a ajustar el 1,8% del PIB, como pretendía el Gobierno, sino que iba a llegar al 2,1%. El Gobierno sigue haciendo caso omiso de esos cálculos con el argumento de que sus estimaciones de recaudación son certeras y que el tiempo le dará razón. Antes de la primavera del 2020 no se producirá el examen de Bruselas sobre el cumplimiento de las cuentas del 2019. Si entonces se detecta una desviación significativa del objetivo de estabilidad, España podría ser objeto de un expediente de infracción y multa.
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