Sánchez lleva al Congreso el debate sobre los aforamientos

El Gobierno busca marcar iniciativa y que los grupos se retraten

Tras presentar sus Presupuestos, el Gobierno está decidido a seguir trabajando como si le quedara cuerda para rato, aparentemente ajeno a las dificultades que le presentan sus potenciales apoyos parlamentarios. Los socialistas, noqueados por la pérdida de Andalucía y con la vista puesta en los comicios de mayo, quieren dar impresión de que mantienen la iniciativa, con su presidente a la cabeza.

Según reflejan algunas partidas presupuestarias conocidas el lunes, Pedro Sánchez planea para el 2019 hacer 30 viajes oficiales, recibir a 36 mandatarios extranjeros, protagonizar ocho conferencias internacionales y un Pleno para analizar el estado de la nación.

Además, en Moncloa se busca abrir nuevos debates en las próximas semanas, algunos económicos -a partir de la reforma fiscal detallada que se aprobará en Consejo de Ministros este viernes y algunas iniciativas en el Congresoy otros, de índole política, como el que atañe a la prometida supresión de aforamientos. De hecho, tras recibir los informes requeridos al Consejo de Estado y del Poder Judicial, se aprobará de forma inminente y definitiva la propuesta de reforma constitucional con el que se pretende desinflar esta figura jurídica.

En la agenda del Ejecutivo está previsto que se remita ya a las Cortes el texto elaborado desde el área que dirige Carmen Calvo, que propone la modificación de la Carta Magna en sus artículos 71.3 y 102.1, referidos a las garantías procesales extra para los parlamentarios, que solo pueden ser investigados y juzgados por el Supremo.

Eso obligará al resto de grupos a mojarse sobre medidas de regeneración, como persigue el equipo de Sánchez. El proyecto gubernamental está bastante por debajo, en todo caso, de las expectativas creadas por el presidente cuando anunció el pasado septiembre, en plena polémica por su tesis doctoral, que se disponía a abrir este melón: defiende finalmente que el aforamiento siga vigente para actos en el ejercicio de cargo público y evita abordar el asunto de la inviolabilidad del Rey.

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