El gobernador pide a los políticos consenso para evitar la parálisis
Hernández de Cos alerta de que la fragmentación parlamentaria afecta a la economía desde hace años El Banco de España advierte de que es necesario que se genere margen fiscal para la próxima crisis
El Banco de España lleva tiempo alertando de que la «fragmentación parlamentaria» desde el 2016 y los escasos apoyos del último Gobierno socialista suponían un riesgo económico. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, subió ayer un peldaño, al advertir de que dicha situación ha provocado ya «algún freno» en las necesarias reformas estructurales y reducción del déficit público estructural.
«Parece evidente que la fragmentación parlamentaria que fue una novedad hace tres elecciones (generales) tienen visos de estar aquí para quedarse, al menos durante un tiempo. Es importante que el país se acostumbre y empiece a gestionar esa fragmentación parlamentaria para que no lleve a una parálisis. Lo que creo que es importante es que se generen los consensos para que haya una estabilidad política que permita realizar las políticas que el país necesita», reclamó en un curso de la APIE y el BBVA en Santander.
En la misma línea, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, reclamó a los políticos mejorar la educación y formación de los trabajadores para impulsar la productividad, medidas que reduzcan la temporalidad laboral, reducir el déficit público, y mantener un «marco estable».
MARGEN LIMITADO
El gobernador / apuntó que España ha entrado en una «cierta desaceleración» que no le impedirá seguir creciendo por encima de su potencial, pero advirtió de que debe generar «colchones» fiscales para afrontar la próxima crisis, reduciendo su «elevado» endeudamiento exterior y público. Que se haga recortando el gasto o elevando impuestos tiene un «evidente componente ideológico», pero el Banco de España no se decanta.
En cambio, sí se opuso a revertir la reforma laboral del PP y pidió más cambios legales para combatir la temporalidad. También quitó importancia a las críticas del Gobierno al informe que hizo su institución sobre los potenciales impactos negativos de la subida del salario mínimo y defendió que hasta el año no habrá información suficiente para valorarla.
Asimismo, puso deberes a los bancos: reforzar su capital (que sigue siendo «reducido» en comparación con los europeos), reducir la morosidad y los activos inmobiliarios en balance sin «relajar» la concesión de crédito para evitar nuevos impagos (ya que una bajada del precio de la vivienda les perjudicaría), prepararse para los procedimientos judiciales «muy relevantes» todavía pendientes, y combatir la «pérdida de reputación» del sector, con lo que deben esforzarse en comercializar sus productos de manera «clara y transparente».
Sobre la nueva ley de contratos hipotecarios que entró este domingo en vigor, ha insistido en que la norma podría encarecer los créditos al cargar a las entidades parte de los gastos que antes pagaban los clientes, pero ha matizado que a medio plazo podría tener un efecto positivo sobre los precios al aumentar la seguridad jurídica.