José Antonio Gracia: «Esperemos que sea el último capítulo»
▶▶◁os familiares de las víctimas del Yak-42 estaban al tanto de que hace un año se tuvo noticia del hallazgo de estos restos, pero la noticia de su repatriación les pilló de improviso ayer. Al menos a José Antonio Gracia, portavoz aragonés de la ya disuelta asociación de víctimas. «Esperemos que sea el último capítulo», confiaba Gracia, una vez se analicen los restos y sean devueltos a las familias. «Nunca es buen momento para que te lo recuerden, pero en estas fechas de Navidad, menos», admitía. Confió en que con estos traslados terminen los sobresaltos, 16 años después.
El Gobierno español ha acordado con las autoridades turcas que en el plazo más breve posible se proceda a la entrega oficial de todos estos restos a las autoridades consulares españolas, con el fin de su repatriación a España.
Una vez / el cónsul reciba tanto ese hueso como los frascos, será el agregado de Defensa en la embajada quien los trasladará a España en una valija, con el fin de que no se rompa la cadena de custodia para cuando lleguen al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es la magistrada María Tardón.
Cuando lleguen a España, será esta jueza la que decidirá qué tipo de análisis forense se practicará a los restos para identificarlos, para lo que se cuenta con muestras de los fallecidos guardadas en el Instituto Anatómico Forense de Madrid.
El traslado de los restos se produce gracias a un proceso de cooperación judicial con Turquía abierto por la Audiencia Nacional a mediados del 2018, a instancias de Defensa, ante el hallazgo del fémur que podría corresponder a uno de los fallecidos.
Los militares accidentados, la mayoría de los cuales pertenecía a la Base Aérea de Zaragoza, regresaban de una misión de paz en Afganistán a España cuando el avión se estrelló. El suceso costó la vida de todos ellos, los 62 junto con los 12 de la tripulación ucraniana y un bielorruso.
La del Yak-42 es la mayor tragedia aérea del Ejército español y derivó en un cúmulo de errores en las identificaciones de las víctimas. En enero del 2017 el informe del Consejo de Estado, asumido por el Gobierno del PP, dio la razón a las familias que defendían que la tragedia era evitable y que el avión nunca debió volar y advirtió de la existencia de irregularidades en las contrataciones de vuelos para el transporte de tropas.
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