El Gobierno de Áragón y el de España pactan el decreto de los VTC

El Gobierno de Aragón y el estatal han alcanzado un acuerdo sobre el decreto aragonés que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que el Ejecutivo nacional había recurrido al Tribunal Constitucional por entender que la normativa autonómica contradecía la estatal. Finalmente, a través de la comisión bilateral, han aclarado que no era así, y el acuerdo entre ambas administraciones apareció ayer publicado tanto en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) como en el del Estado (BOE).

Según explicó el director general de Transportes, Gregorio Briz, la controversia estaba en que el Estado, con su normativa del 2018, dio una moratoria de cuatro años a los VTC que ya tuvieran licencia para que se adaptase a los nuevos requerimientos para el transporte interurbano, mientras podían seguir desempeñando el servicio en el urbano. Interpretó que el decreto aragonés no daba este margen de adaptación, pero finalmente se ha entendido que sí, que no ha

Las comunidades se reúnen en enero por el ‘limbo legal’ en municipios

bía oposición a este periodo de gracia.

Sin embargo, queda por solventar la falta de ordenanzas municipales sobre la obtención de licencias en gran parte de los municipios españoles. Una cuestión que se abordará en una reunión, en enero, de las direcciones generales de los gobiernos autonómicos.

El decreto aragonés sobre las VTC establece entre otras medidas que estos vehículos no pueden contar con un sistema de geolocalización para que el cliente supiese dónde está el coche (y viceversa), y no pueden ser contratados con menos de 15 minutos de antelación para un servicio, salvo en casos de emergencia, entre otras restricciones.

Unas medidas que siguen dejando al taxi como vehículo de transporte semiprivado prevalente. Por esta limitación de la competencia, Ciudadanos se opuso al decreto, aprobado a finales de la legislatura pasada, pero este salió adelante igualmente. De hecho, no fue este el motivo por el que el Gobierno central lo recurrió, pese a la doctrina europea sobre estos asuntos.

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