Varapalo del Constitucional a la ley aragonesa

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado buena parte de los artículos de la ley de derechos históricos de Aragón, que promulgaron las Cortes aragonesas hace apenas un año y medio. Fue en la pasada legislatura y a instancias del Ejecutivo PSOE-CHA cuando se desarrolló el contenido de la misma que ahora el TC rechaza de forma total o parcial en 23 de los 34 artículos que la integraban. El Partido Popular recurrió la ley sobre la que pedía que fuera declarada nula en su integridad en octubre del 2018, aunque el alto tribunal no lo ha considerado así. También el Gobierno central, con Pedro Sánchez de presidente, la recurrió en febrero de este año.

El impulso de la ley se le atribuye a CHA, que presionó en la coalición con los socialistas para sacarla adelante. Una iniciativa, por tanto, efímera donde las haya, porque el TC ha resuelto en un periodo relativamente rápido.

Entre los distintos conceptos que se anulan destaca el de considerar a Aragón una nacionalidad histórica de naturaleza foral o el que se proponga con derecho a que regresen a su territorio todo el patrimonio político, jurídico e histórico que se halle fuera de la comunidad. La preferencia de la bandera aragonesa en los edificios públicos también es contestada, así como la pretensión de recuperar la gestión del agua.

En fín, que sin anular íntegramente la ley, el Constitucional da un varapalo jurídico a los artículos más rompedores de la misma, así que las formaciones políticas que instaron la normativa y las que la apoyaron deben también considerar un varapalo político a su actuación la sentencia conocida ayer. Cabe preguntarse si era necesaria la ley o las tensiones que podría provocar su existencia --aunque solo fuera por meras comparaciones- y en un escenario político con conflictos identitarios en plena ebullición. Invadir competencias estatales, como afirma el TC, tampoco puede ser un camino a recorrer desde la comunidad.