Ocho de los diez menores valorados por la DGA no lo eran
La consejera Pérez visitó la unidad de revisión de extranjeros
La unidad de valoración de la edad de los menores extranjeros que se puso en marcha hace un mes y medio en Aragón, de forma pionera en España, sigue dando muestras de que había razones para implantarla. Ocho de los diez jóvenes que han pasado por ella han resultado ser adultos, y como tal derivados al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), sin la especial proteccíon de la que deben gozar los menores. Como publicó EL PERIÓDICO, los cuatro primeros ya lo fueron.
La unidad, ubicada en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), recibió ayer la visita de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.
Allí conoció el protocolo, cuyo elemento diferencial es el uso de un ortopantomógrafo, un aparato para la realización de radiografías dentales que, junto a otras pruebas y mediciones físicas, permite determinar con gran precisión la edad de las personas.
La consejera estuvo acompañada, entre otros, del director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, José Manuel Arredondo, y los también forenses Salvador Baena, que desarrolló el protocolo, y Paulino Querol. Son dos de los encargados de llevar a cabo las pruebas, junto a un odontólogo del Salud y más personal del IMLA. Ellos pueden determinar la edad en el 95% de los casos, y para el resto hay una última prueba que se puede realizar en el hospital Royo Villanova.
Mayte Pérez destacó la colaboración que el IMLA mantiene con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el departamento de Sanidad, las tres fiscalías de la comunidad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en «un trabajo de cooperación y colaboración» que está siendo útil para invertir los recursos de manera adecuada y «proteger el interés del menor».
Como recordó la consejera, esta determinación permite «cumplir los derechos del niño y las recomendaciones de Unicef», al poder «utilizar todos los recursos y que se tengan todas las garantías jurídicas de protección del menor» y destinar recursos a él.
☰