Campando por sus fueros
Una vez encontré un post que no sé si animado por un surrealismo inconsciente o por una ironía entre monegrina y swiftiana protestaba después de que el Tribunal Constitucional negara la competencia sobre la gestión del agua a Aragón. Hasta aquí hemos llegado, decía el autor, y alentaba a buscar la independencia por la vía unilateral. He recordado el post con la sentencia donde el Tribunal Constitucional anulaba muchos de los artículos de la ley de derechos históricos de Aragón.
Es entretenido imaginar la afrenta que sentirían algunos y las conspiraciones que imaginarían otros si la noticia de la sentencia se hubiera comunicado en algo similar al aniversario de la ejecución de Juan de Lanuza. La sección de opinión se haría sola un par de meses, y el recuerdo de la ofensa regresaría como un fantasma o un tío soltero que viene a la ciudad para ir al médico y estar en las cenas navideñas.
Muchos expertos que advirtieron de la dudosa constitucionalidad de partes importantes de la ley. Las decisiones del tribunal sobre la gestión del agua o de los símbolos eran predecibles. Tampoco es sorprendente la cuestión de la nacionalidad histórica de carácter foral. Por otro lado Aragón tiene un recorrido histórico innegable, pero es discutible que de ese elemento histórico se deban derivar consecuencias jurídicas.
Había cierta combinación de posmodernidad y romanticismo: la voluntad de reconocimiento y una reivindicación histórica, acompañadas de la afición por el sortilegio folclórico. El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Zaragoza Enrique Cebrián ha escrito «Sería muy positivo diferenciar los planos sentimentales e históricos (muchas veces, falsa o interesadamente históricos) de los estrictamente jurídicos, así como que el trayecto hacia una racionalidad federal haría bien en llegar a la ausencia de este tipo de definiciones».
El tribunal sostiene que un carácter originario e imprescriptible de los derechos históricos aragoneses «los harían inmunes a la fuerza de la Constitución». Esa constatación sensata ha alarmado menos cuando la reivindicación de los derechos históricos venía de otros lugares, ante la idea propia de la serie Blackadder de la continuidad entre la Generalitat medieval o la actual, o cuando el propio texto constitucional acoge un ovni como la foralidad de Navarra y el País Vasco. Así, al razonamiento legal se le suman los factores menos elegantes del momento y el poder. Pero quizá sería mejor corregir la arbitrariedad que extenderla.
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Aragón tiene un recorrido histórico innegable, pero es discutible que derive en actos jurídicos