Denuncian impagos a las subcontratas del proyecto fotovoltaico
Varias empresas acusan a la adjudicataria de exigir quitas como «chantaje»
Las obras de construcción del macroproyecto fotovoltaico impulsado por el grupo Cobra, perteneciente al gigante ACS, en los municipios aragoneses de Escatrón, Chiprana y Samper de Calanda han dejado un reguero de impagos entre pequeñas empresas y proveedores que han participado en los trabajos en los últimos meses, lo que está provocando la asfixia económica de algunos de estos negocios. El origen de los pufos es la compañía Acisa, una de las principales filiales del grupo constructor Aldesa, que fue la adjudicataria de la obra civil de las plantas solares situadas en Chiprana, que no ha abonado facturas de manera generalizada, según denuncian a este diario varias firmas de las firmas afectadas. Estas acusan además a dicha empresa de «chantaje» por exigiles que acepten quitas injustificadas sobre los importes adeudados para proceder al pago.
«Han dejado de pagar a mucha gente. Deben dinero hasta a una farmacia de la zona», aseguran fuentes conocedoras de la situación. ACS y Cobra, como responsables del proyecto, no han respondido por el momento a este diario, que se ha puesto en contacto con ellas en reiteradas ocasiones en los últimos días. Tampoco lo ha hecho Acisa, la presunto empresa deudora.
Una de las afectadas por esta situación es la firma murciana Liampiamu Obras y Servicios, a la que Acisa debe una factura de 452.000 euros por los trabajos desarrollados –la limpieza de los residuos generados en las obras y embridado de cables, principalmente –entre el 25 de julio y el 22 de octubre. «Nos dijeron que si queríamos cobrar teníamos que aceptar una quita de 94.000 euros que no tiene razón de ser porque tenemos todos los partes firmados sin ninguna queja», asegura Antonio José Buendia, dueño de la pyme, que llegó a contar en este proyecto con 50 trabajadores, a los que sí ha pagado sus salarios. «Somos una empresa pequeña y juegan con eso porque pueden hundirte», se lamenta.
Finalmente, esta subcontrata aceptó reducir en 70.000 euros el monto de la deuda para paliar el ahogo financiero que sufre. Aún así, Acisa «sigue sin pagarme y ni siquiera atienden las llamadas», apunta este pequeño empresario. «Es una canallada y me consta que llevan años haciendo lo mismo», añade. Como consecuencia de los impagos, Liampiamu se ha visto obligada a no abonar los gastos contraídos durante las obras con empresas de la zona, entre ellas una de autobuses y otra de hostelería.
Proeza Corporativa, que ha llevado a cabo trabajos de montaje de las placas y de obra civil para Acisa, es otra de las perjudicadas. Esta empresa de Barcelona llegó a contar sobre el terreno con 150 trabajadores entre junio y septiembre de este año. «Nos debían 354.000 euros y nos hicieron una quita de 130.000 euros. Ha sido una extorsión en toda regla», afirma Juan Carlos Tiburcio Riado, director comercial de esta firma, que estudia acudir a los tribunales. «Nos llamaron porque estaban apurados y no llegaban a tiempo con los plazos y encima nos tratan así», critica.
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