Puigdemont pide al Supremo que anule la orden de arresto contra él
Solicita que se archive la causa en su contra y que Llarena sea apartado
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró que Oriol Junqueras adquirió la inmunidad desde que resultó elegido eurodiputado debe tener un efecto inmediato en la causa que se mantiene en el alto tribunal contra él. En concreto, sostiene que debe ser archivada de inmediato porque es eurodiputado y los hechos que se le imputan no son «constitutivos de delito alguno».
En un escrito de 63 páginas, el expresident responde al requerimiento hecho a las partes por el juez Pablo Llarena, en cuyas manos sigue la pieza relativa a los huidos, tras conocerse la sentencia sobre Junqueras. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pide que el magistrado sea apartado porque sus decisiones han sido tan opuestas a lo acordado por la justicia europea que su imparcialidad se ha visto comprometida, y le insta a anular cualquier medida cautelar en su contra, como las órdenes nacionales e internacionales dictadas por las que habría sido encarcelado de volver a España. «No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros», proclama.
Además, en respuesta directa a la petición fiscal de solicitar al Parlamento Europeo a la mayor brevedad la posible retirada de la inmunidad que se le ha concedido como europarlamentario, Puigdemont cree que no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restricción de movimientos, ni solicitárselo a la Eurocámara. Tacha esa posición de «extravagante, grosera y palmariamente ilegal» y añade que esa «ilegalidad en nada se atenúa por la sugerencia de tramitar en paralelo el preceptivo suplicatorio ante el Parlamento Europeo. La obtención de esa autorización es siempre condición previa para la emisión de cualquier orden de detención», asegura el letrado, que se permite incluso ciertas licencias.
«Podemos entender las angustias existenciales que la actual situación genera en los fiscales, pero no podemos olvidar que esto no es una guerra, sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del derecho, incluido naturalmente el de la UE», afirma.
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