Acciona deja en manos del TSJA la gestión de las zonas verdes
Ha recurrido el fallo del Tribunal de Contratros que anula su adjudicación También pide la nulidad del acuerdo de Gobierno de declararlo desierto
La empresa que ganó el concurso del Ayuntamiento de Zaragoza para gestionar los parques y jardines de la ciudad, Acciona, ha recurrido ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (Tacpa) que anula su adjudicación. Además, ha hecho lo mismo con la decisión que adoptó el Gobierno PP-Cs de declarar desierto el concurso. Según la multinacional, este acuerdo tendrá consecuencias negativas para el interés público «en su sentido más amplio» por lo que solicita que se invaliden los actos administrativos adoptados por el consistorio. La compañía había solicitado medidas cautelares urgentes que han sido denegadas, así que habrá que esperar a que resuelva el TSJA.
La adjudicación de los parques y jardines en la ciudad parece un culebrón. Primero se recurrieron los pliegos ante el Tacpa en varias ocasiones y, después, una vez que
Acciona venció en el concurso, Perica, FCC y Valoriza volvieron a presentar sendos recursos contra la adjudicación, alegando que no se estaban cumpliendo los pliegos de condiciones. Solo prosperó el de Perica, que alegaba que las ofertas de las compañías seleccionadas no se ajustaban a lo establecido en los pliegos, exigía la anulación de la adjudicación y la nulidad del proceso, así como que se excluyera al resto de licitadoras, de manera que pasaría a ser automáticamente la adjudicataria.
El Tacpa le dio la razón, / de manera que se convirtió de forma automática en la empresa ganadora del concurso. Sin embargo, el Gobierno PP-Cs decidió declararlo desierto al ser la compañía con peor valoración. Así que si el proceso de licitación y adjudicación iba a demorarse un año más, ahora podría dilatarse más en el tiempo ya que el Gobierno municipal tendrá que esperar al fallo del TSJA.
En su escrito, Acciona recuerda que fue la empresa mejor valorada por la mesa técnica «lo que, sin duda, aporta prueba plena de la preparación y su esfuerzo realizado» y destaca que el contrato con FCC caducó el 31 de enero del 2017 y que desde entonces el consistorio tiene que pagar un extra de 300.000 euros cada mes a la empresa, que no tiene obligación de aplicar «las mejoras que la oferta de FCC inicialmente incluía». Además, insiste en que el nuevo contrato conlleva la aplicación de mejoras y cláusulas sociales que no contempla el servicio actual, lo que generará beneficios tanto en el servicio como en las condiciones laborales de sus empleados de las que ahora no pueden disfrutar.
Por otro lado, la multinacional señala que se trata de un contrato de gran envergadura, valorado en 68 millones de euros, y que al verse privada puede «suponer un daño que no puede verse reparado por una compensación económica» al producirse «una pérdida en términos comerciales irreparable e incalculable, haciendo decaer toda una estrategia empresarial por una decisión arbitraria e irracional de un órgano administrativo, como es el acuerdo aquí impugnado».
Así, Acciona solicita el amparo judicial «para impedir la producción del perjuicio expuesto» al considerar que su exclusión es «de todo punto descabellada». En este sentido, arremete en más de una ocasión contra el Tacpa. Según la empresa, excluir a ocho de las nuevas empresas que se presentaron al concurso «parece de un rigor y extremismo palmario» y argumenta que cumple con varios de los requisitos que niega el Tacpa, como la inclusión de brigadas oficiales fontaneros o que no incluye la superficie mínima de césped en su oferta.
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