El convenio con la DGA de Acción Social, infradotado por consenso
El pleno aprueba un acuerdo que asume 122.000 € de déficit a renegociar en enero Además, no incluye el aumento del precio por hora previsto en la ayuda a domicilio
El Ayuntamiento de Zaragoza dio ayer luz verde a la firma del convenio y la encomienda de gestión que cada año suscriben con el Gobierno de Aragón, desde el 2016, para que el consistorio cubra servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia para personas con dependencia. A toda prisa para no demorarlo tres meses, y con infradotaciones en la cuantía, que este año asciende a 6,65 millones de euros, salió adelante por unanimidad de todos los partidos en un pleno extraordinario urgente con siete de los 31 concejales ausentes por vacaciones, incluido el alcalde. Una sesión exprés de apenas media hora en la que desde la oposición han arreciado las críticas al responsable municipal de Acción Social, el conservador Ángel Lorén, que la convocó con menos de las 24 horas de antelación que le exige el reglamento. Para dar luz verde al documento pactado con la DGA hace un mes y sin que la oposición conociera siquiera el contenido de los informes que sustentan este nuevo convenio.
Entre esos documentos que le faltaban a la oposición estaba el de Intervención que había detectado un «déficit de 122.876,45 euros», informó el propio Lorén, respecto a los costes del personal. El convenio apunta a 199.820 euros por tres trabajadores sociales y tres técnicos auxiliares, cuando en realidad deberían se 319.367,45. Y a esto se añade que, en una de las cláusulas del convenio se indica que no se deberá incrementar el «personal no permanente contratado». Unas diferencias que el Gobierno aragonés se ha comprometido a atender cuando se renegocie «a partir del 15 de enero», dijo el concejal. Pero la diferencia económica más importante llegará con la adjudicación del nuevo contrato de la ayuda a domicilio. Salió a licitación a un precio de 19,93 euros la hora y el convenio se calcula sobre los 17 actuales.
Todo ello motivó las críticas de PSOE, ZeC y Podemos-Equo, que lamentaron el retraso en llevar al pleno un pacto de «hace un mes» para acabar votando «como un acto de fe» y obligando a varios ediles a volver de sus vacaciones para votar. Algunos ni pudieron estar, como el alcalde Azcón.
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