Fin a la ‘ley mordaza’ y a los límites a la investigación judicial
Socialistas y podemistas han acordado sustituir «a la mayor brevedad» la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, por una nueva norma que «garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica». La nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales, y derogará el artículo del Código Penal que prevé multas o prisión para quienes coaccionen a otras personas a iniciar o secundar una huelga.
Ambas formaciones se comprometen también a «auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares», citando la «recuperación inmediata» del Pazo de Meirás para el patrimonio público. También prevén limitar los aforamientos políticos y suprimir el voto rogado.
Otra medida significativa es eliminar el plazo máximo de instrucción de las causas penales, acotado por el PP a seis meses prorrogables, «por ser una limitación para la lucha anticorrupción». El texto prevé la recuperación de la justicia universal.
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