se movilizan a cuatro meses del cierre de la central térmica Los mineros
300 personas piden empleo para los trabajadores de la planta y las contratas La delegada del Gobierno asegura que hablará con las empresas
Unas 300 personas se manifestaron ayer en Zaragoza para exigir la recolocación de los trabajadores de la central térmica de Andorra y sus subcontratas, ya que la planta cerrará el 30 de junio como consecuencia de los planes de la Unión Europea para la descarbonización de la producción de energía. Una pancarta con el lema Transición o traición abría la marcha y numerosos participantes iban provistos de cruces para reflejar gráficamente los puestos de trabajo perdidos.
Los convocantes de la movilización, desde representantes de los trabajadores afectados a los sindicatos UGT y CCOO, pidieron una «transición justa» para que el mercado laboral de las Cuencas Mineras reabsorba los casi 300 puestos de trabajo que se perderán con el cierre definitivo de la planta andorrana.
En primer lugar solicitan que participen en el desmantelamiento de la propia central, un proceso que puede durar seis años, y a continuación en el montaje del parque de energía solar que debe sustituirla y que está pendiente de una subasta pública. A largo plazo, abogan por un plan de reindustrialización de la zona que evite el paro masivo en unas comarcas muy castigadas por la despoblación.
«Existe una sensación de inquietud porque se van cubriendo los plazos previstos desde que se decidió el cierre de la central y no acabamos de ver que se estén cumpliendo las promesas que se han hecho», señaló Francisco Pina, de Comisiones Obreras, al comienzo de la manifestación, que partió a las 11.00 de la plaza de Aragón y terminó 45 minutos más tarde ante la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la plaza del Pilar.
Allí, la representante del Ejecutivo central, Pilar Alegría, recibió a una delegación sindical que le entregó el manifiesto leído al término de la concentración por Ana Sánchez, de CCOO, y José Juan Arceiz, de UGT. En el documento se pide que «una transición justa» garantice el empleo de la fuerza laboral que quedará sin cometido con la clausura de la central dentro de 122 días exactamente. La delegada gubernamental se comprometió a hablar con las partes implicadas en el proceso, desde las empresas a las distintas administraciones.
La situación es especialmente preocupante, señalaba el manifiesto, para los trabajadores de las subcontratas, que durante años se han dedicado a labores como el transporte de mineral, la limpieza de las calderas y el mantenimiento de la maquinaria. Se trata de más de un centenar de personas para las que las fuerzas sindicales piden cursos de formación que las capaciten para la etapa que se abre con el desmantelamiento de la planta energética.
GOTEO «La realidad es que no / hay ningún proyecto al margen del desmontaje de la central, la adecuación de sus instalaciones y el montaje y explotación del parque de energía fotovoltaica que propone Enel-Endesa», denuncia el escrito redactado por los convocantes, para los que todos esos planes solo «pueden tener un impacto a corto plazo en el empleo».
«Necesitamos hechos, no palabras», subrayó Pedro Miñana, responsable de la Plataforma de Subcontratas. «En las contratas quedamos 120 trabajadores pendientes de recolocación, pero si tenemos en cuenta el goteo de pérdida de puestos de trabajo desde que se anunció el cierre nos vamos a 420 personas que ya no trabajan en la central o en labores auxiliares», precisó.
En este colectivo, algunos afectados están en el paro y otros han encontrado trabajo en actividades distintas, a menudo lejos de la comarca de Andorra, en lugares como Melilla y Galicia, según Miñana.
«Lo cierto es que, a estas alturas, no hay todavía planes de las administraciones para dar trabajo a los que van a perder su empleo», manifestó Daniel Alastuey, de UGT-Aragón. «A corto plazo, lo mejor es implicar a Endesa para que nos digan cuáles son sus planes y los trabajadores de las contratas se puedan formar y puedan trabajar en el proceso de desmantelamiento como paso previo al convenio de transición justa», añadió.
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