Betancor, juez y parte
El exmiembro de la JEC asalariado de Ciudadanos desata una tormenta política El PSOE pide que que no haya grupos con «trato de favor ilegal»
Desde que la política, como el fútbol, se ha puesto en manos de su particular VAR para rearbitrar la mayoría de acciones que pasan en el terreno de juego, las suspicacias sobre el sistema no han parado de crecer. Ya ocurrió en su día cuando se descubrió que Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, pagó la cuota de afiliado del PP entre el 2008 y el 2011, cuando ya era magistrado del alto tribunal. El escándalo de Andrés Betancor ha dado un paso más en las suspicacias porque no es que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pagara a un partido, sino que recibió un sueldo de Ciudadanos mientras ejerció como vocal en la Junta Electoral Central (JEC).
Eldiario.es, que destapó la noticia, explicaba que entre octubre del 2017 y julio del 2019 (cuando dejó su cargo) Betancor participó en casi una cincuentena de reuniones de la JEC, en las que adoptaron 744 acuerdos y se debatieron varias peticiones de Ciudadanos. Betancor no se inhibió en ninguna de las que afectaban al partido que le pagaba como asesor jurídico.
El caso más elocuente fue uno de los primeros que tuvo que afrontar. Inés Arrimadas concedió una entrevista al diario Abc que se publicó el sábado 20 de diciembre del 2017, el día antes de las últimas elecciones catalanas (que terminaría ganando). Al haberse publicado en la jornada de reflexión, la JEC se reunió para debatir qué hacer. Betancor se afanó en intentar evitar que el VAR de la Junta Electoral sancionara la entrevista de la líder catalana del partido.
«La limpieza de las elecciones no puede ser un altar en el que sacrificar, mediante el establecimiento de una censura administrativa, un derecho fundamental, como el de información», terminaba en su voto particular. Su voz no fue secundada y el organismo administrativo impuso una multa de 1.000 euros al rotativo.
Su voto particular pasó desapercibido entonces. No ocurrió lo mismo cuando el 28 de abril del 2019 la JEC aceptó, en una disputada votación (siete votos a favor y dos en contra), la petición de Ciudadanos y el PP de excluir a Carles Puigdemont de las elecciones europeas.
Los socialistas presentaron ayer una proposición no de ley para que el Congreso se comprometa a impedir que cualquier grupo «busque una influencia ilegítima o un trato de favor ilegal en los órganos institucionales». Ciudadanos defiende que no es ilegal. Y es cierto: no existe un régimen específico de incompatibilidades para los vocales del árbitro electoral, sino normativas más genéricas relacionadas con la Administración. La pregunta es si es ético.
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