El Gobierno recurrirá la indemnización a la familia de Couso
La Abogacía del Estado no comparte el criterio de la Audiencia Nacional de que la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por el ejército estadounidense en Irak en el 2003, sea indemnizada con 182.000 euros (casi 100.000 para su viuda y más de 42.000 para cada de sus dos hijos). Por eso, según ha anunciado, recurrirá ese fallo ante el Tribunal Supremo.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha justificado la decisión del Gobierno por las implicaciones que puede tener el fallo ante futuros casos, tratando de desvincular el recurso de la indemnización a la familia del periodista. «Me reuní con la familia Couso la semana pasada para trasladarles el pesar del Gobierno y para pedirles disculpas por la manera en que quizás este país se ha comportado con esta familia en el pasado», señaló en el Senado.
«También les trasladé la dificultad del Estado en asumir la sentencia dictada por respon
La Abogacía del Estado ha anunciado que impugnará el pago de 182.000 euros
sabilidad civil, porque transforma el derecho de protección consular en obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentra en el extranjero. Eso es inasumible para el Estado. Pero no lo es en el caso Couso. Lo es en abstracto y en general. Esto no tiene que ver con su caso, pero abre una vía de agua tan grande al Estado en responsabilidad civil que es de difícil asunción. Esto es lo que les quise trasladar personalmente», incidió.
La Audiencia Nacional estimó en enero el recurso de la esposa de Couso contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración a causa de la omisión de protección diplomática por la muerte de su marido. La sentencia partía de que en el 2016 el Supremo declaró que su muerte constituyó un ilícito internacional, y que la demandante carecía de la posibilidad efectiva de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses, por lo que el Estado debió ejercer su protección diplomática.
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