La ley educativa mantiene los fondos públicos al Opus
La nueva norma tiene como principal propósito mitigar la segregación escolar Religión se seguirá impartiendo, pero no influirá en la media ni tendrá alternativa
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, insistió ayer en que la nueva ley educativa –que inicia ahora su andadura parlamentaria tras ser aprobada en el Consejo de Ministros– elimina la segregación de alumnos en función de muchos motivos, entre ellos, su origen socioeconómico. Con todo, el texto enviado a las Cortes no prevé, en su redactado actual, medidas contundentes como la retirada de la financiación pública a colegios que, como los del Opus, separan a sus alumnos por razón de sexo.
«Queremos que los alumnos tengan las mismas oportunidades y que haya una presencia equilibrada. Es una ley que busca la justicia y la equidad. Eso no se debe confundir con una resta de libertad para los padres», explicó la ministra. La libertad de los padres es, precisamente, el argumento en el que se escudan los dos partidos más contrarios a la propuesta educativa del PSOE: PP (que anunció ayer una enmienda a la totalidad) y Ciudadanos.
A pesar de los encontronazos, Celaá siempre se ha mostrado optimista respecto a la negociación parlamentaria de la ley. En todo caso, dados los plazos en el Congreso y el Senado, es difícil que la nueva norma entre en vigor el curso que viene. «La ley no implica medidas proteccionistas sino inyecciones de calidad en el sistema educativo», subrayó la ministra, que destacó la incorporación de medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.
Elimina los itinerarios de cuarto de ESO y permite obtener el Bachillerato con un suspenso
El Gobierno quiere incrementar la inversión en educación hasta el 5% del PIB en el año 2025
Celaá / destacó que la norma defiende la educación pública como «eje vertebrador del sistema educativo» junto con «un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales». Matizó que el texto puede experimentar cambios en la tramitación del Congreso y el Senado, pero tal y como está redactado ahora mismo, se especifica que «preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de sexo». El proyecto organiza en tres ciclos la educación Primaria y elimina los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en Secundaria. También introduce evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO. Se apuesta por la actualización de los currículos, sin «contenidos enciclopédicos y memorísticos». Y se podrá obtener el bachillerato con un suspenso.
Otro punto de fricción con los partidos más conservadores es el tratamiento de la asignatura de Religión, que se seguirá ofreciendo en las escuelas pero no contará para calculo de la nota media y, además, los estudiantes que no la cursen no tendrán asignatura alternativa. Preguntada sobre este punto y sobre la posibilidad de que Unidas Podemos hubiera querido ir más allá en el proyecto de ley, la ministra de Igualdad, Irene Montero, optó por no hacer ningún comentario y remitirse a las palabras de Celaá. El proyecto incorpora una materia de educación en valores cívicos y éticos.
El proceso de transformación que implica la reforma educativa (conocida por las siglas LOMLOE) conlleva un aumento de presupuestos. Por eso, la intención del Gobierno es «incrementar progresivamente» la inversión en Educación hasta alcanzar el 5% del PIB (histórica reclamación de los sindicatos) en el 2025.
La ley es «respetuosa / con la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional» y recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre Gobierno y autonomías: un 55% de los contenidos y las materias serán competencias del Estado en comunidades con lengua cooficial y en el resto, un 65%. «Los alumnos terminarán la educación obligatoria conociendo el castellano y la lengua cooficial de su comunidad», dijo Celaá.
Ya en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al texto y postergar durante meses su definitiva aprobación, que requiere de mayoría absoluta, con el apoyo de 176 diputados, mientras PSOE y Unidas Podemos, socios de Gobierno, suman 155.
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