Inviolavilidad, inmunidad e impunidad

En mi manifiesta inocencia, yo creía que la expresión poner a alguien «mirando a La Meca», variante de «mirando para Cuenca», era un eufemismo de «practicar el coito a tergo», vulgo «postura del perrito». Pero por lo que publican varios medios, parece que lo de La Meca es más complejo.

Así se desprende, a lo de «mirar a La Meca» me refiero, de la investigación que el fiscal suizo Yves Bertossa realiza sobre la señora

Corinna Larsen, reconocida amiga íntima (eufemismo) de Juan

Carlos de Borbón, a la sazón Jefe del Estado a título de Rey y desde su abdicación, en junio de 2014, Rey Emérito.

Presuntamente, aunque hay indicios sólidos y declaraciones abrumadoras, el Emérito, vulgo

el Campechano, siendo Jefe del Estado, cobró ingentes cantidades de dinero de Arabia Saudí, como «mediador» (otro eufemismo) en la concesión del tren de alta velocidad de Medina a La Meca. De esas cantidades, 60 millones de euros, según investigaciones judiciales en curso, se transfirieron de una cuenta manejada por testaferros a otra cuenta en Suiza a nombre de doña Corinna, quizá debido a pagos por sus presuntas habilidades a la hora de ponerse «mirando a La Meca», aunque eso lo juzgará el señor juez suizo al que corresponda el caso.

El pasado viernes varios grupos parlamentarios solicitaron a las

Cortes españolas la creación de una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en ese asunto de La Meca (ahora me refiero a lo de la comisiones, no a las posturas coitales); pero no parece que esa petición vaya a prosperar.

Resulta que el artículo 56.3 de la Constitución dice que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», y a eso se agarran los que quieren seguir ocultando tanto escándalo del Borbón. Aclaro que inviolable quiere decir que no puede ser violado, pero no que sea inmune e impune, pues el artículo 1.2 deja claro que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del

Estado».

Esa misma Constitución, en su artículo 64.1 deja claro que «Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno, y, en su caso, por los Ministros competentes», y en el apartado 2 que «De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden».

Supongo, de nuevo en mi manifiesta candidez, que los presidentes y ministros que refrendaron, ampararon u ocultaron el comportamiento presuntamente corrupto de una persona inviolable, serán los responsables de los delitos que pudiera haber cometido. Al menos eso dice la Constitución. ☰

*Escritor e historiador