La DGA y el ayuntamiento admiten que no hay control sobre Cabify
La empresa no está registrando sus servicios como dicta el decreto ley La Policía Local ya dispone del sistema para verificar que cumple la norma
Desde que el pasado miércoles Cabify, la multinacional de vehículos de alquiler con conductor, se desplegara en Zaragoza, la polémica se ha instaurado en la capital aragonesa. Llegaron sin avisar y sin que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza hubieran hecho los deberes para coordinarse y evitar que sucediese lo que algunos aventuraron: que la empresa incumpliese la normativa. Cinco días después, el sector del taxi ha denunciado que esta empresa «está incumpliendo todo» el decreto y la reacción de ambas administracionesha sido echar balones fuera y responsabilizar al otro de la falta de control.
«O no les han informado lo suficiente o no hay coordinación, pero la Policía Local no sabe cómo tiene que actuar», aseguró ayer Miguel Ángel Perdiguero, vicepresidente de la Asociación Provincial de Autotaxi. Los agentes son quienes tienen que velar por el cumplimiento de la norma y asegurarse de que respetan los 15 minutos que deben transcurrir entre el aviso y la salida del coche y de que no estén estacionados por las calles.
Desde el Gobierno municipal de PP-Cs explicaron que hasta ayer no se comenzó a instalar en los vehículos policiales la aplicación necesaria para verificar que cumplen con la norma. Será ahora cuándo podrán comenzar a sancionar, aunque es la DGA la administración que podrá incoar el procedimiento sancionador, matizaron.
La falta de coordinación entre ambas administraciones ha provocado una situación cuanto menos peculiar, porque han sido PSOE y Podemos los partidos más duros con la gestión de este servicio, cuyas licencias las otorga la DGA. Incluso el portavoz adjunto del PSOE en el ayuntamiento, Alfonso Gómez Gámez, denunció la nula organización entre la DGA y el ayuntamiento.
ACUSACIONES El portavoz de Podemos / en Zaragoza, Fernando Rivarés, acusó al Gobierno de la ciudad de «delinquir» porque no había formado a la policía ni les ha dado la orden para que controlen a los VTC. A nivel autonómico, la consejera de Universidad, Maru Díaz, también de Podemos, se comprometió a «instar a los miembros de este Gobierno (el aragonés) a que estén vigilantes».
La pelota pasó entonces a los miembros del Ejecutivo autonómico con competencias en el asunto, que son los de la consejería de Vertebración y Transportes, que está en manos de CHA. A este respecto, Gregorio Briz, director general de Transportes de la DGA, admitió que todavía falta que su departamento y los inspectores autonómicos se coordinen con la policía para que esta tenga acceso a un registro, elaborado por el Ministerio de Fomento, para poder controlar a los vehículos de Cabify. Cuando eso ocurra «se podrán denunciar» las diferentes infracciones, pero por el momento, no pueden actuar de oficio. Y no pueden hacerlo tampoco porque Cabify no está registrando todos los servicios que realiza en la web de Fomento, «tal y como tendrían que hacer». Durante los primeros días solo han registrado uno.
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