Intervención deniega 350 ayudas de urgencia en un mes
Argumenta excesos en los precios, falta de documentación o de competencias
El servicio de Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado la solicitud de 350 peticiones de ayudas de urgente necesidad. En la mayoría de los casos por exceso de la cuantía solicitada y por errores en la documentación presentada. Desde Zaragoza en Común (ZeC) denunciaron que esta es la primera consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno de Zaragoza de PP-Cs de modificar el proceso administrativo, ya que ahora Intervención tiene la obligación de fiscalizar las peticiones, y desde Acción Social aseguraron que todavía no se han rechazado porque ahora, con el informe del interventor, valorarán si se procede al abono.
El Gobierno municipal decidió, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas e Intervención, mantener las de alimentación, dotadas con 4,2 millones, en el Capítulo II y pasar al Capítulo IV las que corresponden a ayudas de alquiler, energía, medicinas, gafas o gastos médicos, dotadas con 5,1 millones. Según ZeC, esto las convierte automáticamente en subvenciones, algo que siguen negando desde Acción Social.
Para la concejala de ZeC, Luisa Broto, la intención del Gobierno de PP-Cs «era establecer de manera encubierta recortes en estas ayudas, dirigidas a la lucha contra la pobreza». A su juicio, esta situación provoca «una injerencia inadmisible en las valoraciones profesionales de los trabajadores sociales», al considerar que Intervención está cuestionando su profesionalidad al poner en tela de juicio sus informes.
Hasta la llegada de PP y Cs a la Alcaldía de Zaragoza, la fiscalización de las ayudas se realizaba a posteriori, una vez que ya se habían abonado las subvenciones. De esto modo, aunque Intervención concluyese que era necesario subsanar errores o aclarar conceptos, ya no había vuelta atrás. «Ahora se garantiza que las ayudas se conceden de forma correcta», explicó el concejal de Acción Social, Ángel Loren, que aseguró que «es falso que se haya producido devolución de ayudas no concedidas». Explicó que se trata de aclaraciones que Intervención
remite a Acción Social para determinar si procede o no su concesión, y en qué términos, de acuerdo a la legalidad.
Según los informes de Intervención, los motivos por los que se han rechazado varias solicitudes se deben a que la petición excede los precios establecidos, algo que afecta sobre todo a la adquisición de gafas o a limpiezas bucodentales, aunque hay casos en los que se solicita la ayuda para la compra de un canapé (que también sobrepasa la cuantía estimada) o una cocina. En este caso, alega que la persona que lo solicita está empadronada en otra localidad.
Hay otros en los que pone pegas porque la documentación aportada es contradictoria. Sucede, por ejemplo, en solicitudes para hacer frente a los alquileres, las facturas de la luz o las becas de comedor dado que no coincide el titular de las facturas con la persona que requiere de la ayuda. Hay varios en los que las peticiones se realizan para pagar un servicio concreto de las compañías de gas. Desde Intervención inciden en que las trabajadoras sociales deben «advertir» a los usuarios de la necesidad de darse de baja «siendo una práctica abusiva de las compañías suministradoras» y les recomienda que remitan a Consumo a los usuarios para que presenten una denuncia y anulación, por lo que automáticamente rechaza la subvención. Hay otros en los que declara que no es de competencia municipal financiar el servicio, como la atención psicológica, el pago de un hospedaje o de las actividades extraescolares, ya que existe una subvención en materia de educación.
Respecto a las de alimentación, negó que haya problemas dado que se siguen abonando como hasta ahora, mediante una tarjeta que solo se puede utilizar en determinados supermercados.
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