Ocasión perdida

En el pasado Consejo de Ministros del 3 marzo de 2020 se aprobó el proyecto de Ley Orgánica con el que se quiere derogar la LOMCE. Tras la LGE en 1970, la LOECE (de la UCD y que jamás entró en vigor) en 1980, la LODE en 1985 (PSOE y que introdujo el sistema de colegios concertados), la LOGSE en 1990 (PSOE y que introduce la ESO), la LOPEG en 1995 (PSOE y que nació con la oposición frontal del profesorado), la LOCE en 2002 (PP paralizada en 2004 y que nunca llegó a aplicarse), la LOE en 2006 (PSOE y que contó con la única oposición del PP) y la LOMCE en 2013 (PP la famosa y controvertida ley Wert) ahora nos viene la LOMLOE (PSOE 2020-¿?).

De nuevo una ley sin el consenso previo necesario y que vuelve a nacer tras varios intentos fallidos de un verdadero pacto por la educación en España.

¿Era necesario de nuevo presentar un proyecto de ley que no está avalado por una mayoría que le de la estabilidad necesaria para perdurar, que no genere el más mínimo consenso en sus líneas generales entre la comunidad educativa y que genere una vez más desasosiego en la misma?

Creo que no, creo que se desaprovecha, por precipitación, por afán de revancha derogativa (cierto que derogará la ley más criticada y rechazada de toda la larga lista de leyes educativa de nuestro país en medio siglo), una nueva oportunidad de llegar a un consenso necesario para que, de una vez por todas, la educación en nuestro país desarrolle un sistema público educativo de calidad, que refuerce la equidad y la capacidad inclusiva del sistema y que sea vertebrador y generador de igualdad y de riqueza.

Ahora viene la tramitación parlamentaria en la que cada grupo, cada asociación, cada colectivo, intentará arrimar el ascua a su sardina, intentará convencer a los suyos de lo mala o buena que es esta nueva ley, de lo mentiroso que es el rival político o de lo beneficioso para el bien general de separar a los alumnos según el tamaño de sus pies.

Se aprobará (o no), se intentará implantar con las características propias y desarrollos diversos en cada comunidad autónoma, los profesores a renovar sus documentos, a tener horas y horas de formación para saber rellenar formularios, los padres no sabrán si sus hijos son evaluados en contenidos o en competencias o en lo que quiera que sea, el resto dirá «como la EGB, nada»...

Y, lo peor de todo, de nuevo en