Aragón necesitaría 270 millones de € para cuadrar presupuestos
La Cámara de Cuentas insiste en la deuda pese al superávit del 2018 Las adjudicaciones sin contrato se repiten, con hasta 285 millones de euros La oposición carga contra los recortes anunciados por Pérez Anadón
La Cámara de Cuentas considera que la Administración aragonesa debería incrementar sus ingresos, reducir sus gastos o una combinación de ambas, en un total de 270 millones de euros, para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y no agravar el crecimiento de la deuda, que alcanzó los 8.813 millones de euros en el 2018 y se prevé que se incremente en 361 con las cuentas definitivas del 2019.
El órgano fiscalizador avala la cuenta general del 2018, el primero en mucho tiempo en el que se cumplieron los objetivos de estabilidad financiera (déficit, deuda, regla de gasto y periodo de pago a proveedores), pero sigue señalando «graves desequilibrios patrimoniales» y «tensiones de tesorería» muy similares a los que ha remarcado a lo largo de los años.
En su análisis estrictamente financiero, los auditores públicos, que utilizan una muestra de 13 entidades que suponen el 97% de gasto y personal de la Administración, remarcan que las pérdidas acumuladas a lo largo de los ejercicios, pese a la mejora «en los tres últimos años» (situados en el 2018), hace que los fondos propios de la comunidad presentan un saldo negativo de 3.831 millones de euros (315 más de lo que calcula el propio Gobierno de Aragón). También un remanente de tesorería negativo de 511 millones de euros, frente a los 464 que calculaba el Ejecutivo como balance entre deudas a corto plazo a favor y en contra.
La Cámara señala diversas salvedades al visto bueno general, más allá de esta situación financiera comprometida, que aboca a seguir endeudándose al menos que se consigan cuadrar esos 270 millones de euros.
Entre una larga lista, / señala que no se incluyen en las cuentas activos como la mitad de las 474 viviendas que la DGA tiene para alquiler social, o inversiones, como las actuaciones en el vertedero de Bailín o el mantenimiento de 16 depuradoras.
La mayor parte de las salvedades corresponden a la falta de imputación en la categoría correcta de gastos plurianuales, como inyecciones en Zaragoza Alta Velocidad o Aramon, por 60 y 11,5 millones, respectivamente, o devolución de importes de financiación estatal, incluidos los del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) solicitado ese año 2018.
El consejero de Hacienda ▶▶ del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, trató de explicar ayer en el pleno su «nueva cultura del gasto». Pero la oposición cargó en bloque contra sus planes y contra el uso de un eufemismo de la palabra «recortes». Así, la portavoz de Hacienda del PP, Carmen Susín, recordó que lleva tiempo insistiéndole para que «haga caso» de las recomendaciones de la Airef, con la que ahora la DGA ha acordado tres informes de fiscalización sobre gasto farmacéutico, personal de Educación y Universidad de Zaragoza. Cs criticó la retención de 45 millones del presupuesto.
El ente también señala infradotaciones en provisiones para insolvencias, por valor de 28 millones de euros, y para riesgos y gastos por valor de 61 millones, descontando las que se valoraron por debajo de la realidad (99 millones) de las que se hicieron por encima (38).
Las infradotaciones / en el presupuesto, señaladas en la parte del informe que analiza la legalidad, alcanzan los 175 millones de euros. Con notables faltas de previsión en gasto corriente del Salud (81 millones de euros) el de personal de este área (33 millones) y otros 36 entre el personal de Educación. La aportación de los 158 millones del FLA compensó en gran parte estas carencias.
El análisis vuelve a señalar adjudicaciones sin contrato por 285 millones de euros. Aunque el propio resumen señala que el mayor montante, el de farmacia hospitalaria (203), fue solucionado en el 2019 con un Acuerdo Marco, que además redujo la factura. .
Por otro lado, el 40% de las subvenciones otorgadas en el 2018, 116 de 288 millones de euros, se adjudicaron de forma directa, sin ningún tipo de concurso. La Cámara de Cuentas considera que este porcentaje es «excesivo» según marca la legislación.
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