Resolver el contrato de la ARA-1 costará 25,5 millones de euros
Anadón anuncia que la partida este año crecerá en 5,8 millones
El Gobierno de Aragón pagará un total de 25.593.922 euros hasta el año 2023 por la resolución del contrato con la empresa concesionaria de la autopista autonómica ARA-1, según informó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en respuesta parlamentaria a la diputada del PP Carmen Susín.
Fue una de las cuestiones que se mantuvo en un pleno bastante mermado, no solo en cuanto a presencia de diputados, tras las medidas adoptadas ya anteayer por el coronavirus, sino en cuanto a temas. En favor de que los consejeros más involucrados en la crisis (en áreas de Salud, Educación o Presidencia) se dedicasen a la labor principal, se retiraron una decena de preguntas previstas para la sesión.
En su intervención, Pérez Anadón señaló que ha negociado la resolución del contrato el Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, estando al tanto Hacienda y con informes de la Intervención General y del Consejo Consultivo de Aragón.
De esta forma, el Ejecutivo abonará a la concesionaria 6.398.478 euros al año hasta el 2023, para lo que el Presupuesto de este año recoge una partida de 500.000 euros, que se ampliará en 5.898.000 a lo largo del ejercicio.
Susín había preguntado al consejero «a qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Aragón para pagar la resolución del contrato de la autopista autonómica con cargo a qué partida o partidas presupuestarias se va a pagar dicha indemnización».
Por otro lado, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, aseguró que el Ejecutivo autonómico va a «cumplir» la Ley de Servicios Sociales para poner el sistema público de protección social al servicio de las personas mayores, con atención especial a los ancianos en situación de soledad no deseada.
Broto respondió así a una interpelación de la diputada de Ciudadanos Loreto Camañes y apostó por realizar «un planteamiento integral, planificado y coordinado, que pasa por la atención a las personas mayores» y la exigencia de «darles seguridad».
«Nos preocupan» / los, aproximadamente, 65.900 ancianos en soledad no deseada, de los que el 68,18% son mujeres, dijo María Victoria Broto, quien insistió en la necesidad de «garantizar derechos» en colaboración con otros departamentos, como el de Salud, ya que «el sistema de salud detecta, en muchos casos, la fragilidad y necesidad de las personas mayores», por lo que la relación entre ambos Departamentos «tiene que ser muy estrecha».
La sesión también incluyó una pregunta del diputado del PP Sebastián Contín al vicepresidente Arturo Aliaga sobre su agenda, con la que le reprochaba que no hiciese pública su labor institucional. El también consejero de Industria informó de que durante la legislatura ha asistido a 300 actos públicos, pero que si se reúne con un director general para preguntarle cómo va el proyecto de una planta fotovoltaica, no se le ocurre reflejarlo.
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