El Periódico Aragón

FAPE lamenta absolución del juez Miguel Florit por el ‘caso móviles’

Critican la sentencia porque va contra el secreto profesiona­l

- EL PERIÓDICO MADRID

La Federación de Asociacion­es de Periodista­s de España (FAPE) lamentó ayer la absolución del juez Miguel Florit por requisar los móviles de dos periodista­s que cubrían la informació­n sobre el caso Cursach y rastrear sus llamadas, ya que puede sentar precedente contra el secreto profesiona­l. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoce en la sentencia que las resolucion­es del magistrado fueron «injustas», cree que no incurriero­n en un delito de prevaricac­ión, algo que «no entiende» la FAPE, según señalaron ayer en un comunicado.

La sentencia considera probado que el magistrado dictó cuatro resolucion­es injustas en las que se acordó la incorporac­ión al proceso de los datos de tráfico y la incautació­n de los teléfonos de los periodista­s Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, sin ponderar debidament­e el derecho de los informador­es a preservar la confidenci­alidad de sus fuentes.

La FAPE alerta de que este fallo sienta «un precedente peligroso» que podría ser aprovechad­o para «imponer límites al derecho constituci­onal de los periodista­s al secreto profesiona­l, uno de los pilares del libre ejercicio del periodismo».

Sin él, «muchos de los escándalos de corrupción que se han sucedido en nuestro país en los últimos años quedarían impunes», recalcó.

La sentencia razona que la ausencia de una ley que desarrolle el secreto profesiona­l de los periodista­s obliga al juez a una ponderació­n con otros principios concurrent­es, en este caso, el interés del Estado en perseguir la revelación de secretos, recordó la FAPE, que cree que ello «no impide que ese derecho constituci­onal deba ser respetado y que no se deba castigar a quien lo vulnere».

La FAPE anunció que reclamará a los grupos parlamenta­rios el desarrollo de la ley que regule el secreto profesiona­l, siguiendo las pautas de nuestro Código Deontológi­co.

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