La moratoria fiscal gana cada vez más adeptos entre los empresarios
Varias asociaciones piden flexibilidad y recuerdan el ejemplo de Francia Hacienda recuerda que se pueden aplazar pagos de deudas tributarias
Crece el clamor del empresariado en favor de una moratoria fiscal para aliviar las cargas de las compañías en un momento en el que se ha paralizado la actividad por la declaración del estado de alarma y, por tanto, han dejado de tener ingresos. A final de este mes llega la declaración del IVA del Suministro Inmediato de Información (SII), por ejemplo y aumenta la inquietud. De hecho, diversas asociaciones de empresarios y colectivos consideran también que una mayor flexibilidad tributaria favorecería la necesaria liquidez del sistema económico en estos momentos tan complicados por el estado de alarma.
Por ejemplo, Cecot defiende «posponer» el pago de todos los impuestos y la suspensión de las autoliquidaciones y declaraciones fiscales (o al menos de su ingreso) «hasta finales de año», un tiempo mucho más prolongado que los tres meses inicialmente demandados por diversas asociaciones tributarias y colegios profesionales de todo el territorio. A su vez exigen al Estado el retorno de los impuestos liquidados en los últimos seis meses, que se tienen que devolver durante los siguientes 18 meses.
También el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios (AECE), los consejos generales de la Abogacía, agentes de aduanas, de graduados sociales, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf) y el Gabinete de Gestores Adminisrativos Asesores Fiscales (Gesaf) reclaman al Ejecutivo una mayor flexibilidad tributaria.
Además, recuerdan el caso de Francia, que en el paquete de medidas que ha adoptado por la crisis del coronavirus ha retrasado la obligación de presentar las declaraciones y pagar impuestos. Aquí en España también está el ejemplo de la Hacienda Foral de Álava, que ha modificado los plazos de la Campaña de Renta hasta el mes de septiembre u octubre, dependiendo de la tramitación Estas reclamaciones no afectan solo al impuesto de sociedades, sino al de la renta (IRPF) y el de patrimonio, cuyo periodo de presentación a Hacienda mantiene a partir del próximo 1 de abril.
«Si bien es cierto que las declaraciones se hacen actualmente por vía telemática, y es habitual que se canalicen a través de los asesores, no es menos cierto que muchos contribuyentes necesitan desplazarse para proporcionar los datos a aquellos. Esto va a resultar muy difícil, puesto que la mayoría de firmas legales y de asesoramiento fiscal están ya utilizando el teletrabajo, siguiendo las recomendaciones del Gobierno. Eso por no hablar de los brevísimos plazos para presentar el SII por parte de las empresas», afirma Aedaf.
VIGILANDO LA EVOLUCIÓN El REAF / ha remitido un escrito a la Agencia Tributaria en el que solicita «para todas las empresas» la implantación de un procedimiento rápido de solicitud y concesión de aplazamientos como el establecido para pymes y que «la administraciones tributarias se abastengan de remitir nuevas notificaciones a los obligados tributarios hasta que pase esta situación». También ven necesario el cese de la práctica de notificaciones, salvo casos muy excepcionales o de aquellas de las que se deriven efectos positivos para los contribuyentes, así como modificar el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios iniciados en 2019 en consonancia con la modificación de plazos mercantiles.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich, considera que las medidas que se reclaman «serían perfectamente asumibles por el Estado» y, entiende que finalmente serán atendidas. En todo caso destaca que no se está hablando de «una condonación, sino de aplazamiento». «Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias», recordó el propio Pich.
Desde Hacienda, ministerio al frente del que está la que también es portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; recuerdan que se ha aprobado que las pymes y autónomos puedan aplazar pagos de deudas tributarias de hasta 30.000 euros en seis meses y que siguen pendientes de la evolución de los acontecimientos. «La situación es delicada y se va siguiendo en cada momento», afirman.
El sector empresarial considera esta medida insuficiente y espera que el Ejecutivo central adopte nuevas iniciativas encaminadas a flexibilizar los plazos tributarios y, por tanto, a facilitar que se mantenga la liquidez en la economía.
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