Una jueza investiga si hubo delito al permitir los actos del 8-M
El coronavirus ha abierto varios frentes judiciales. Una jueza incoó diligencias ayer contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para determinar si incurrió en los delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional al haber permitido concentraciones entre el 5 y el 14 de marzo, lo que incluye la multitudinaria marcha del 8-M.
La jueza Carmen Rodríguez Medel, que instruyó el caso Máster, admitió la denuncia contra Franco para determinar si el 2 de marzo el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades remitió a España un informe sobre el coronavirus, como sostiene el denunciante, y si este desaconsejaba los actos multitudinarios. En cambio, la jueza rechaza por no ser competente la misma acusación contra los demás delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como de Ceuta y
Melilla, y el presidente Pedro Sánchez, que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo.
La jueza ha ordenado una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense con la expresa advertencia de que no son urgentes y que por tanto deberán practicarse cuando su disponibilidad lo permita, a la vista del estado de alarma decretado en España por la pandemia.
En / paralelo, la carencia de gafas de protección, guantes y batas de los sanitarios recibió respuestas judiciales contrarias. Un juzgado de Madrid ordenó que «inmediatamente», o en no más de 24 horas, la Consejería de Sanidad madrileña provea a todos los centros públicos o privados del material necesario para evitar el contagio del coronavirus, mientras que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechazaba la urgencia alegada en el mismo sentido respecto del Ministerio de Sanidad por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
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Investigado el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la marcha